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El Govern está negociando con los hoteleros que paguen unos 7.000 euros, incluso algo menos, por cada una de las plazas ilegales que se han detectado en aquellos establecimientos hoteleros que fueron reformados. El portavoz del grupo popular, Joan Flaquer, calcula que existen unas 1.000 plazas que deben regularizarse ya que determinados hoteleros aprovecharon las habitaciones del personal para ampliar la oferta turística. Con el fin de regularizar esta oferta, el PP propuso ayer en el Parlament que se aplicase la Ley General Turística mediante el uso del «banco de camas». Los distintos grupos que apoyan al Ejecutivo recordaron que la Conselleria de Turisme está buscando una salida a esta oferta irregular. Fuentes del departamento que dirige el conseller Francesc Buils explicaron que se está a punto de alcanzar un acuerdo para que los hoteleros paguen hasta 7.000 euros por sus plazas irregulares, lo que permitiría regularizar unas 1.000 camas.

Durante el pleno, Flaquer lamentó que «no se tenga en cuenta una propuesta en positivo del PP». El Parlament rechazó la iniciativa de los populares.
Asimismo, la Cámara debatió una interpelación del grupo popular sobre despidos improcedentes en la Comunitat Autònoma. José María Rodríguez, diputado del PP, criticó al Govern por haber despedido un total de 25 trabajadores y aseguró que ha habido un gasto de 350.000 euros. La consellera d'Interior, María Angeles Leciñena, admitió que durante los ocho meses de mandato del nuevo Govern se han efectuado despidos por «falta de confianza» en empresa públicas dependientes de la Administración autonómica, y los atribuyó a una «política de ceses y despidos» encaminada a ajustar las plantillas a las necesidades reales de trabajo en cada departamento. El diputado del Bloc Miquel Àngel Llauger acusó a al ex conseller José María Rodríguez de haber contratado personal la pasada legislatura que no tenía ni siquiera una mesa para poder desarrollar su trabajo. La izquierda provocó un «efecto boomerang» a la iniciativa de Rodríguez y recordó que el ex conseller y ahora diputado del PP contrató a personal con el fin de que trabajase para su partido.