La Fiscalía Anticorrupción intentará que se aplique la ley «en toda su extensión» en el caso del ex concejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma, Javier Rodrigo de Santos, imputado por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque, 'en principio', no solicitará prisión provisional para el ex edil inmediatamente después de que preste declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Palma, el próximo 11 de abril.
La defensa de De Santos, ejercida por el abogado Bartomeu Vidal, alegará como atenuante la drogodependencia de su cliente y presentará informes médicos para avalar la 'enfermedad mental' que padece.
De Santos gastó 50.000 euros procedentes de las arcas municipales en diversos clubes de alterne gay de Palma, según la querella criminal presentada por Anticorrupción. La defensa intentará demostrar ante la jueza que el ex concejal «está gravemente enfermo» y que su conducta nocturna obedecía a «un impulso irrefrenable que le anulaba su voluntad, pero no su inteligencia». Esto último le habría permitido desarrollar una vida laboral perfectamente normal, sin detectar sospechas entre sus compañeros de trabajo.
El abogado de De Santos está recopilando jurisprudencia sobre atenuantes en casos de presuntos delincuentes que actuaron impulsados por su adicción a las drogas, principalmente.
Varios letrados de Palma confirmaron ayer a este diario que existen diversas sentencias que contemplan la ludopatía (adicción al juego) como un eximente.
Otras opiniones, en cambio, señalaron que una enfermedad mental no, es precisamente, un eximente. En el trasfondo se encuentra la gravedad del supuesto delito cometido por el ex edil de Cort, malversación de caudales públicos penado en el artículo 432 del Código Penal con penas de entre 3 y 8 años de prisión y de inhabilitación de 6 a 10 años.
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