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LAURA MOYÀ/JOSEP MARIA AGUILÓ
El Ajuntament de Palma hizo pública ayer la auditoría que el anterior equipo de gobierno encargó a la empresa Ernst & Young y que sacó a la luz la presunta malversación de caudales públicos de la que se acusa a Javier Rodrigo de Santos. Andreu Alcover, teniente de alcalde de Hisenda de Cort, insistió en que en ningún momento el Consistorio investigó el origen de las facturas impagadas, sino que decidió trasladar el caso a los tribunales tras detectar «irregularidades contables», dijo Alcover tras el consejo de administración de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop).

«No podíamos saber dónde se gastó el dinero el anterior presidente de la Emop porque no presentó las facturas, sólo los tickets de la tarjeta de crédito», afirmó Alcover. En el punto cinco de la auditoría, se explica que «dentro del epígrafe de gastos de representación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2007, se incluyen distintos gastos por un importe aproximado de 27.675 euros satisfechos con cargo a la tarjeta de crédito del anterior presidente». Para ese desembolso, «no se ha dispuesto de documentación soporte justificativa de la naturaleza del gasto». «En consecuencia, no hemos podido determinar si la contabilización de los mencionados pagos es conforme con las normas de contabilidad generalmente aceptadas», asegura el texto.

Suelo anual
Rodrigo de Santos está acusado de gastar con la Visa del ayuntamiento más de 50.000 euros. En la auditoría, sólo aparece reflejado la mitad, 27.675 euros, puesto que sólo pertenece al año 2006. El ex teniente de alcalde cobraba por su cargo como regidor 51.826 euros brutos al año.

La primera reunión entre la empresa que realizó la auditoría y el Ajuntament se celebró, según el teniente de alcalde de Hisenda, el 7 de febrero. El 20 del mismo mes, el Consistorio decidió trasladar la información a la Fiscalía para que investigara si se había cometido un delito. Alcover insistió en que el Ajuntament «desconocía la naturaleza de los hechos» y que «los mecanismos de control funcionaron» porque, si no, «no se habría detectado la posible malversación de caudales públicos».

Las cuentas de la Emop del ejercicio contable de 2006 se aprobaron sin los datos de la auditoría. «La fiscalización de las empresas públicas se hace a posteriori», recordó Alcover.

Durante el consejo de administración extraordinario celebrado ayer por la tarde, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, presentó a todos los asistentes, entre ellos el regidor Mauricio Rovira, del PP, el contenido de la auditoría. El consejo es quien supervisa las cuentas y los gastos que se efectúan en el organismo municipal. Allí, Calvo también informó de la decisión del Ajuntament de Palma de despedir a los tres trabajadores de la Emop.