Cuatro de las siete personas que en estos momentos viven en el antiguo canódromo se encadenaron ayer de forma simbólica en la entrada, para expresar su preocupación por el hecho de que la Policia Local les hubiera entregado el pasado lunes una notificación en la que se señala que dichas personas deberán abandonar el espacio en el que han vivido, en algunos casos durante varios años, el próximo 27 de marzo.
Por su parte, fuentes de la Regidoria de Benestar Social, que dirige el teniente de alcalde Eberhard Grosske, del Bloc, señalaron ayer que dichas personas no serán desalojadas hasta que no se encuentre una ubicación para ellas, bien en un piso de alquiler o bien en un hostal u hotel de forma provisional.
Las personas que ayer se encadenaron son Paquita López, de 37 años, que cobra una paga «por invalidez» y que en ocasiones trabaja como guardacoches, su madre, Isabel Ferrer, de 67 años, que fue desalojada de la residencia en donde se encontraba, José Luis Ruiz, de 36 años, que vive desde hace ocho años en el antiguo canódromo y que ahora no tiene empleo, y José Ramón García, de 47 años, que hasta hace unos pocos meses estuvo trabajando en el sector de la construcción.
Todos ellos piden al Ajuntament de Palma que les ayude económicamente para que puedan encontrar un piso de alquiler en el que poder vivir. «Si el Ajuntament paga las mensualidades que se pagan siempre por adelantado, nosotros podríamos pagar luego el alquiler cada mes», afirmó Paquita López.
Desde Benestar Social, se indicó ayer que los servicios sociales municipales han estado en contacto con estas siete personas desde que, a mediados del pasado mes de febrero, se anunció que se iniciaría el proceso de desalojo del antiguo canódromo.
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