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A medida que se van conociendo nuevos detalles sobre el comportamiento del teniente de alcalde de Urbanisme del Ajuntament de Palma durante la pasada legislatura, Javier Rodrigo de Santos López, aumenta la indignación ciudadana por la deshonrosa actuación del ex edil y por la ineficacia de los sistemas de control del Ajuntament. Es cierto que al final se han detectado las irregularidades, pero nadie entiende que se haya tardado tanto y que, durante ese tiempo, un político que, paradójicamente, se presentaba como un adalid de la lucha contra la corrupción, haya utilizado dinero público para sus adicciones privadas. Y preocupa que un hombre al que ahora se quiere presentar como un enfermo, con una vida oculta expuesta a los chantajes, haya detentado tanto poder.

Por de pronto, y al margen de las actuaciones penales iniciadas contra De Santos, tres empleados de la empresa municipal que dirigía el ex concejal han sido despedidos por «pérdida de confianza». Se ha desatado, qué duda cabe, un escándalo político de imprevisibles consecuencias.

Un compañero de De Santos en el Consistorio que presidió Catalina Cirer, el entonces también teniente de alcalde Rafael Durán, ha reconocido en público los fallos en el control interno de la Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), que ha sido objeto de la investigación judicial y sobre la que se cargaban los gastos injustificados de su presidente, Javier Rodrigo de Santos.

Los testimonios de personas que aseguran que el tren de vida que llevaba Rodrigo de Santos era conocido por quienes podían haber evitado lo que ahora es un lamentable caso de malversación de caudales públicos no escasean, razón de más para exigir una honrosa reacción política. Hay que repetir la pregunta: ¿Cómo es posible un fraude tan elevado y durante tanto tiempo sin ser detectado? Sólo una actitud irresponsable puede explicarlo, que no justificarlo.