«El sistema no funciona ni en casos de pederastia ni para ejecutar un embargo; faltan juzgados y medios». El aserto de un abogado preguntado ayer por el 'caso Mari Luz' tiene su traslación en Mallorca donde hay un único Juzgado encargado de la ejecutoria de las condenas emitidas por siete oficinas penales, dos específicas de violencia sobre la mujer y los juicios rápidos de veinticuatro de primera instancia en Palma, Inca y Manacor.
Según la recién presentada 'Memoria 2007' sobre el estado y funcionamiento de la Justicia en Balears, ese Juzgado de lo Penal 8 presenta «la involución más preocupante de todo el territorio», y en sus plazos de respuesta «se corre el severo riesgo de prescripción de las penas por infracciones criminales leves».
El subrayado del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) sobre infracción criminal leve contiene, empero, sus matices, por cuanto técnicamente la prioridad del Juzgado de ejecutorias, ante su ingente volumen de asuntos vivos, se ciñe a las causas con preso -y no todos los condenados por pederastia están en prisión preventiva-, y a las condenas por violencia sobre la mujer.
Cada uno de los 28 funcionarios de ese Juzgado -«mayoritariamente interino y sin experiencia alguna», según subraya el propio TSJB-, viene a ocuparse habitualmente de una media de 400 ejecutorias de todo tipo. Desde hace casi dos años, los dos únicos funcionarios de carrera ingresados en Penal 8 son la magistrada y el secretario judicial, que en todo caso son los encargados de supervisar cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios, desde la retirada de un permiso de conducir a la comunicación de una sentencia penal inferior a cinco años de cárcel.
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