El patrimonio, movimientos bancarios y las declaraciones de renta presentadas por el ex teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Rodrigo de Santos, están siendo analizadas por inspectores de la Agencia Tributaria tras una petición en ese sentido formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
De Santos está imputado por el Ministerio Público por el posible delito de prevaricación en el 'caso Parc de sa Riera', y además tiene una causa abierta en el Juzgado de Instrucción 5 por un presunto delito de malversación continuada de caudales públicos.
En la querella por la compra del castillo infantil a la empresa sueca Hags por importe de 1'4 millones de euros, la Fiscalía intenta averiguar si el ex concejal recibió algún tipo de «estímulo» económico para autorizar una compra que, según las primeras impresiones, excedía con mucho los precios que entonces se barajaban en el mercado.
El abogado de De Santos, Bartomeu Vidal, ha negado con rotundidad este extremo y considera que su cliente pagó un precio, barato, ajustado o caro, un tema que se puede discutir, por un castillo que en estos momentos lo están disfrutando todos los ciudadanos. Según Vidal, se puede discrepar sobre si la decisión de adquirir el castillo infantil fue correcta o no, pero subraya que la operación autorizada por su cliente se plasmó con la habilitación de ese nuevo espacio lúdico. Considera, en ese contexto, que el reproche puede ser administrativo -la autorización para gastar 1'4 millones no contó con el preceptivo informe jurídico-, pero en ningún caso penal.
Por ello, especialistas de Hacienda, y probablemente de la Guardia Civil, como ha ocurrido en otras causas, como los casos 'Andratx' y 'Operación Relámpago', rastrean las finanzas de De Santos y posibles incrementos de su patrimonio en los últimos años.
Hasta ahora, ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach han declarado el propio De Santos, la ex gerente de la Empresa municipal de Obras Públicas (EMOP), Gloria Penalva, y dos funcionarios.
El ex edil contó detalles de los trámites administrativos que siguió para autorizar el gasto de 1'4 millones de euros por el castillo infantil, pero después se acogió a su derecho a no declarar.
Por otra parte, se ha aplazado la comparecencia como testigo ante el juez de la persona que supervisaba los gastos de De Santos con la visa de la EMOP.
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