El PP advirtió ayer que no será fácil que se pueda cumplir el objetivo de construir 5.000 viviendas sociales durante esta legislatura. La imposición final del Bloc de impedir que se puedan superar los crecimientos previstos en los planes territoriales será, en opinión de Miquel Ramis, portavoz del PP, un hándicap para que se lleguen a construir 5.000 viviendas.
«No vemos claro el futuro de esta Ley. Ha sido una foto magnífica, pero si al final, por las diferencias internas dentro del Govern de esta comunidad, no es posible construir esas 5.000 viviendas, su resultado para los ciudadanos será nulo, o muy bajo», declaró Miquel Ramis.
No obstante, Ramis celebró que el Ejecutivo balear haya incorporado «todas y cada una de las aportaciones» planteadas por el PP que, según dijo, son «sentido común», como impedir que se construya en suelo rústico, la necesidad de disponer de informes medioambientales, la exigencia de las viviendas vayan acompañadas de la dotación de infraestructuras y servicios necesarios.
Asimismo, el portavoz del PP balear destacó la relevancia que tendrá la aplicación del acuerdo en el sector de la construcción, ya que «gracias a la reclamación del PP, las empresas de Balears tendrán un papel predominante dentro de la construcción de las VPO», lo que servirá a su vez para mejorar el conjunto del tejido empresarial del archipiélago.
Al respecto, recordó que en el pasado mes de enero era «antipatriótico» hablar de crisis financiera y económica en esta comunidad, cuando ahora, una vez pasadas las elecciones generales, el propio president del Govern, Francesc Antich, señala que la Ley «es buena» para dar respuesta a la crisis, con lo que «pensamos que se estaba negando una situación evidente para disponer de una rentabilidad económica», concluyó.
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