Colapso en el Juzgado de lo Penal nº 8

Cabe recordar que en un informe del CGPJ figura este juzgado como el que mayor colapso presenta en todo el país. Los sindicatos STAJ, CSI-CSIF y CC OO, en un comunicado remitido ayer, señalan que en el Juzgado de lo Penal número 8 había en el mes de abril una carga procesal contabilizada en 8.148 expedientes, «y a fecha de hoy, hay registrados 8.600 expedientes en tramitación, a los que hay que sumar más de 300 expedientes de incoación y 12.000 más en archivo provisional. Esto supone un ratio de 407 expedientes que pesan sobre cada uno de los funcionarios adscritos a dicho órgano».

Expedientes
En este sentido, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha dado instrucciones de que todos los funcionarios además de tramitar los asuntos, han de incoar los expedientes pendientes, al mismo tiempo que solicita que detallen una relación de causas con preso, expedientes por abusos sexuales, requisitorias en vigor y expedientes en tramitación con suspensión de pena privativa de libertad. El propio presidente del TSJB, Antoni Terrasa, reconocía a principios de abril que el Juzgado de lo Penal 8 «vive una situación muy precaria», circunstancia que también se constataba en la Memoria anual del TSJB. A juicio de los sindicatos, este volumen de trabajo redunda en la «calidad y control del trabajo, lo que ha llevado a un malestar psicológico a estos funcionarios, que no tienen la certeza de poder realizar un trabajo como ellos desearían» ya que, según señalan les es «imposible» tener controlados cada uno de estos expedientes.

Los sindicatos explican que este Juzgado consta de un 80 por ciento de funcionarios interinos, que a pesar de estar cualificados, no pueden afrontar la situación real del Juzgado «al ser la misma incontrolable», mientras que en relación a los funcionarios titulares, se produce una «fuga masiva» ya que solicitan cambio de destino ante las presiones «internas y externas» que están recibiendo.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Martínez Lázaro, perteneciente al sector progresista de este órgano y encargado del Plan de Urgencia para las medidas de refuerzo en los juzgados, propuso ayer, en declaraciones a Europa Press, abrir una investigación a los titulares de los órganos destinados a la Ejecución Penal que, pese a los refuerzos con los que se les ha dotado, no alcanzan el mínimo de rendimiento. A nivel nacional, el número de asuntos penales pendientes de tramitación, según el CGPJ, alcanza la cifra de 400.000, de ahí la gravedad de este problema.