El Ajuntament de Palma, en aplicación de la recién aprobada Ley sobre la Memoria Histórica, ha decidido cambiar el nombre de un primer paquete de calles dedicadas, en mayor o menor medida, al franquismo, que provienen de un dictamen que fue aprobado en 1942 por Cort. La escasa relevancia de las críticas generadas confirma la amplia aceptación social de la medida y el acierto, en términos generales, de la Comissió Especial de Toponímia encargada de proponer el nuevo nomenclátor.
Las diferentes iniciativas adoptadas por Cort para retirar, de manera paulatina, los nombres de las calles vinculadas al franquismo no han estado exentas de polémica, circunstancia que explicó -no justificó- la tibieza del Partido Popular en esta materia. Mantener, más de tres décadas después del fallecimiento del dictador, una plaza dedicada al Caudillo -por citar un ejemplo- era una ofensa para todos aquéllos que fueron sus víctimas y familiares.
Ahora, el gobierno municipal que preside la socialista Aina Calvo quiere que las calles de Palma dejen de ser un reconocimiento público y oficial de sólo una de las facciones contendientes para convertirse en un espacio de concordia. En este sentido, la labor de la citada comisión se basa en las propuestas realizadas por todos los partidos políticos, y por diferentes entidades y asociaciones, además de explorar en algunos casos la tradición histórica y la vinculación de los personajes con la ciudad.
Estamos en un proceso que acaba de comenzar y en el que se producen indudables molestias a los ciudadanos, habituados a un callejero inmutable al paso de tiempo. Sin embargo, es preciso apoyar una iniciativa legal, legítima y, sobre todo, necesaria para que la democracia llegue, también, a las calles de Palma sin que ello signifique querer que se olvide la historia, la de todos.
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