Hubo unanimidad en la necesidad de crear un organismo que vigile la indisciplina urbanística, pero no en las formas ni en los tiempos marcados. Éstas fueron las principales conclusiones de la segunda Assemblea de Batles, el lugar elegido por el Consell de Mallorca para presentar la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.
Tras la reunión, la presidenta Francina Armengol quiso destacar la «buena disposición» de los 53 ayuntamientos a la puesta en marcha del organismo, entre ellos los gobernados por el PP. Sin embargo, Antoni Pastor, alcalde de Manacor y representante de los consistorios populares, solicitó «más tiempo» para poder llegar «a un consenso global». «Nos han presentado un reglamento sin ni siquiera consultar nuestras necesidades», dijo Pastor.
El objetivo de la institución insular es que la agencia sea operativa «cuanto antes», según Armengol, marcándose como fecha enero de 2009. Para ello, el Consell había previsto que el reglamento del nuevo organismo se aprobara en el pleno del 7 de julio, algo que, tras el encuentro de ayer, ha quedado en el aire.
De momento, y para llegar «al mayor consenso posible», se pondrá en marcha una comisión técnica que elaborará un nuevo texto. Después, se estudiará la posibilidad de convocar una nueva Assemblea de Batles que estudie y apruebe el proyecto. Un proyecto que tiene como objetivo poner orden a la indisciplina y que implicará la cesión por parte de los ayuntamientos de las competencias en materia de disciplina urbanismo. Será un ente autónomo al que los consistorios podrán adherirse de forma voluntaria que, también, tendrá un presupuesto propio.
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