Así quedó constatado ayer tras la declaración en calidad de imputada de Antonia Martorell, esposa de Vicens, y de Elizabeth Diéguez, administradora única de la sociedad Metalumba, propiedad del matrimonio Vicens. Los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional informaron a Martorell y Diéguez de los supuestos delitos que se investigan al interrogarlas ayer en la sede de la Jefatura Superior.
Diéguez, asistida por el abogado Jaime Campaner, explicó que había sido el matrimonio Vicens el que la designó administradora única de Metalumba (ver gráfico en esta misma página), pero que ese cargo sólo fue testimonial, ya que no participó en la toma de decisiones y ni siquiera tenía poderes para firmar cheques o realizar transferencias bancarias.
Según la querella de Anticorrupción, Elizabeth Diéguez sólo desempeñó el papel de 'testaferra' y minimiza su participación en los hechos que investigará el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.
Silencio
La esposa de Bartomeu Vicens, por su parte, se negó a declarar acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio ante las preguntas que le formularon los especialistas del Grupo de Delincuencia Económica. Por ello, sólo permaneció quince minutos en las dependencias policiales.
El juez instructor del 'caso Oms' ha decretado el secreto del sumario durante un mes y, por ahora, las partes personadas no tienen acceso al contenido de la querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
Vicens, Morales y Montis, no obstante, ya prestaron declaración como imputados el pasado mes de octubre en la sede del Ministerio Público. También, en el inicio de las investigaciones, comparecieron varios testigos.
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