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L.MOYÀ/AGENCIAS La querella criminal por el 'caso Son Oms' presentada contra el portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el ex presidente de la Cámara legislativa y miembro de UM, Maximilià Morales, se ve «con preocupación» entre los partidos que integran el Govern, aunque ninguno dudó de que la investigación «no afectará» al pacto de gobierno.

La presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar y ex presidenta de UM, afirmó ayer en el programa La Mañana en Mallorca, de la COPE, que los asuntos judiciales que afectan a miembros de su formación son «cuestiones tristes». «Entiendo que le corresponde a la Fiscalía investigar si recibe denuncias y llevar a los juzgados estos temas. Es parte de su función».

Preguntada como máxima responsable institucional de la Cámara sobre la posibilidad de que algún día algún diputado se vea obligado a entrar en prisión, Munar respondió que «espero y deseo que no sea así, y estoy convencida de que no será así».Munar dijo que «no es bueno» el actual proceso de «judicializar la vida política» que se está viviendo en Balears. En este sentido, defendió que en asuntos judiciales y temas políticos, «cada cosa debe discutirse en su lugar».

Para Antoni Diéguez, portavoz del PSOE en la Cámara balear, «no es agradable que se den casos como éste». «Esperemos que los hechos se aclaren cuanto antes porque es un tema que aparenta cierta gravedad». Diéguez recordó que «ningún miembro del Govern está imputado», por lo que las consecuencias «no afectarán al pacto». Francina Armengol, presidenta del Consell, aseguró estar «preocupada» y manifestó su «respeto y apoyo» a la labor de la Fiscalía. Tras el Consell de Govern, Margarita Nájera, portavoz del Ejecutivo, mostró su apoyo a la Fiscalía Anticorrupción. «Sus miembros son muy valientes por el trabajo que están desarrollando», dijo.

«Estamos preocupados porque no sabemos hasta dónde llegarán las investigaciones», dijo Biel Barceló, secretario general del PSM. Para Barceló, «UM tendrá que reflexionar y plantearse qué hace en cuestiones como las que están viviendo». El también portavoz del Bloc en el Parlament explicó que «se trata de una causa antigua», un hecho que se convertiría en «un atenuante en una hipotética crisis del pacto».

David Abril, coordinador de Esquerra Unida, insistió en «la necesidad de depurar responsabilidades» si, finalmente, el juez ve indicios de delito, abre juicio oral y un tribunal los condena. Para Joan Lladó, presidente de ERC en Balears, hay que «respetar el proceso judicial» y, después, pedir «la máxima contundencia a la hora de depurar responsabilidades».

Por último, Miquel Ramis, portavoz del PP, pidió «prudencia». «Hay que respetar las intervenciones judiciales, ser muy prudentes y, sobre todo, esperar a ver qué se deriva de la investigación. Hay que respetar el trabajo de los fiscales».