Empresas del sector de la construcción de Mallorca, pequeñas y medianas, han presentado desde el pasado mes de febrero 30 concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos y quiebras), según la estadística que manejan los dos juzgados de lo Mercantil de Palma. La mitad de los concursos han sido registrado por el Juzgado 1, y el resto por el número 2.
«El porcentaje de concursos de acreedores ha aumentado de manera considerable en las últimas semanas». Así de taxativo se mostró el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, al analizar ayer el grado de actividad que registra su instancia, así como el Juzgado de lo Mercantil 2.
Los abogados especializados en las antiguas quiebras y suspensiones de pagos (concurso de acreedores tras la entrada en vigor de la nueva Ley Mercantil en 2003) también han detectado un «goteo diario» de entrada de asuntos en los juzgados, según han calificado la actual tendencia. Las estadísticas revelan que sólo en el primer trimestre de 2007, cuando sólo un juzgado, el número 1, atendía los concursos de acreedores, se presentaron 12 casos, frente a los 18 en el mismo periodo de 2008. El Juzgado 2 ha atendido, también entre 15 y 20 concursos.
El 90% de los asuntos están relacionados con empresas de la construcción, pequeñas, medianas y alguna de gran tamaño. Este sector es el que más está padeciendo en Mallorca las consecuencias de la desaceleración o crisis abierta de la economía.
Según ha reconocido la patronal balear de los promotores, el desempleo puede llegar «al 30 por ciento de los 100.000 trabajadores directos e indirectos del sector inmobiliario de Balears».
Añade que dichos desempleados no podrán «ser absorbidos por el sector turístico ni tampoco por el sector de servicios», porque, según ha comentado, estos sectores requieren «personal muy especializado».
La mayoría de los concursos presentados en los juzgados de Palma han sido voluntarios, y no necesarios (cuando un acreedor acude al juez porque no ha cobrado).
En 2006 se presentaron 46 concursos voluntarios y en 2007, un total de 36, según los datos de la última Memoria Judicial de Balears. En total, 2006 finalizó con la entrada de 613 asuntos de la más variada índole (propiedad industrial, intelectual, competencia desleal, transporte nacional e internacional, entre otros), y 755 en 2007, una cifra muy elevada de carga de trabajo que obligó a abrir un segundo juzgado en la capital balear. También, otro ejemplo «importante», según lo definió el juez Fernández de las dificultades económicas por las que están atravesando los ciudadanos de las Islas son los concursos de acreedores de personas físicas, cada vez más numerosos. Ese colectivo puede solicitar la suspensión de pagos o declararse en quiebra tras la entrada en vigor de la Ley Mercantil.
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