Los presidentes del Gobierno central y autonómico, José Luis Rodríguez Zapatero y Francesc Antich, respectivamente, coincidieron ayer en presentar ayer sus planes para combatir la desfavorable coyuntura económica. El contraste de las medidas es preocupante, uno, el de Madrid, lo fía todo a que el tiempo lo resuelva, mientras el otro, el de Palma, afronta con más seriedad el problema e inyecta 920 millones en la economía balear.
La endeblez de las propuestas del presidente Zapatero "en la práctica se concretan a una reducción parcial del empleo público, la construcción de 35.000 viviendas de protección oficial y líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas" contrasta con la severidad de la situación. Ninguna de las medidas anunciadas tendrá efecto sobre el bolsillo de los ciudadanos. La liberalización del transporte ferroviario o la posible participación de capital privado y autonómico en la gestión de los aeropuertos en poco o nada influirán para controlar la inflación. Lo mismo podría decirse respecto al preocupante aumento de las tasas del paro o sobre la escalada de los precios del combustible y los tipos de interés. Silencio. Zapatero ha quedado paralizado por la crisis.
Por el contrario, el equipo de Antich está siendo capaz de ir al fondo del problema y se compromete a dotar de liquidez al sector más afectado, el inmobiliario, pagando las facturas pendientes e incentivando la inversión pública. Este es el camino, pese a que el Govern no tiene a su alcance más para paliar los efectos de la crisis; es ésta una actitud que contrasta con la del Gobierno central, que se limita a lanzar proclamas de buena voluntad a la espera que la economía norteamericana se recupere y Trichet rebaje los tipos de interés. Que luego no se atribuya los méritos.
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