TW
0

La operación policial contra la corrupción de funcionarios en la cárcel de Palma ha destapado un caso gravísimo y ha puesto de manifiesto que algunas conductas delictivas no finalizan cuando el acusado acaba en prisión, como sería de esperar en un Estado de Derecho. Es especialmente preocupante el hecho de que un médico del centro penitenciario se encuentre entre los detenidos en la 'operación K.O.', sobre todo porque el profesional podía modificar a su antojo analíticas de presos. De su veredicto dependía, por ejemplo, que un recluso pudiera obtener un permiso penitenciario o no. Las dos bandas que campaban a sus anchas en el penal estaban perfectamente organizadas y la policía acertó cuando las definió como «auténticas mafias». El único dato esperanzador en toda esta siniestra historia ha sido el comportamiento de la dirección de la cárcel, que llevaba tiempo denunciando el comportamiento de determinados funcionarios. Por este motivo, el cabecilla de los supuestos corruptos envió el corazón de un animal en una caja a la esposa del director, una amenaza al más puro estilo mafioso. Precisamente este funcionario, ahora encarcelado, había iniciado su particular campaña de desprestigio contra la dirección y filtraba noticas de forma interesada y tergiversando la realidad a un determinado medio de comunicación palmesano. Incluso, según se desprende de los pinchazos telefónicos que efectuó el Grupo de Homicidios, ese personaje se permitió exigir una elevada cantidad de dinero por destapar en el periódico el episodio de un dudoso aborto provocado a una reclusa por parte de otro funcionario, también ahora en prisión. Los favores y las corruptelas llevaban más de un año presentes en la prisión de la carretera de Sóller, demasiado tiempo para que no hubieran saltado todas las alarmas.