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El teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc, dio a conocer ayer que el 'Programa de Reallotjament i Integració Social de la Població de Son Riera', que fue aprobado de manera definitiva en la Junta de Govern municipal del pasado miércoles, se pondrá en marcha a partir del próximo mes de septiembre, con la elaboración de un censo de las personas que ahora viven en el poblado. Asimismo, dijo que este proceso de realojo progresivo y de desmantelamiento de Son Riera "conocido popularmente como Son Banya" podría estar concluido a finales del actual mandato, en 2011.

El edil reiteró que «Son Banya es un foco permanente de exclusión social y un santuario del narcotráfico», y reiteró también que para el realojo se seguirá un criterio «de dispersión geográfica por Palma».

Grosske añadió, en sentido metafórico, que para el proceso de realojo Cort tendrá que «jugar una partida de ajedrez» con un adversario muy concreto, «los narcotraficantes». En este sentido, reconoció las actuaciones llevadas a cabo en estos últimos meses por la Delegación del Gobierno, a la vez que mostró su deseo de que siga colaborando con el Ajuntament a partir de ahora.

Por lo que respecta al realojo en sí, se hará en base a viviendas de alquiler, subvencionadas en algunos casos, con opción a compra, «posibilidad ligada al éxito de la reinserción social». En este sentido, el edil afirmó que el Patronat de Son Riera cuenta ahora con un mínimo de unos 1'5 millones de euros para adquirir viviendas.

Asimismo, recordó que está prevista la firma de un convenio entre el Patronat de Son Riera, el Patronat Municipal de l'Habitatge y el Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) para la adquisición de viviendas, en torno a unas 100, si bien no todas ellas se dedicarían al realojo de las familias de Son Riera, sino también para otras actuaciones de realojo.

Por su parte, la regidora popular Margalida Ferrando, que fue la edil de Serveis Socials en el pasado mandato, se abstuvo en la votación del citado programa de realojo de Son Riera, ya que si bien reconoce aspectos positivos en el mismo, considera que le falta concreción temporal y presupuestaria.