La detención de diversos altos cargos del consorcio Turisme Jove durante la pasada legislatura, acusados de malversación de caudales públicos y cohecho, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción supone, en primer lugar, un nuevo golpe a la gestión realizada por el Govern que presidió Jaume Matas; una etapa en cuya Administración se están detectando graves casos de corrupción. Los precedentes son conocidos, Bitel y el CDEIB, y todo indica que al último caso de Turisme Jove podrían añadirse otros. Un auténtico escándalo.
Los primeros datos que se conocen relativos a lo ocurrido en Turisme Jove, que los Tribunales deberán corroborar, dan a entender, a tenor del alcance de las detenciones -el gerente, el contable, el jefe de servicio, su esposa y un constructor- que se trataba de una auténtica trama de complicidades destinadas a enriquecerse a costa del erario público. No se está, pues, ante un comportamiento individual o aislado, como podría entenderse de otros asuntos que se han hecho públicos.
En este contexto llama la atención que los entonces responsables de Turisme Jove, dependiente de la Conselleria de Esports i Joventut de la que era titular la conservadora Rosa Puig, no hayan salido a dar la cara y explicar lo ocurrido. Entre las competencias de los consellers figuran las de velar por el correcto uso del dinero de los contribuyentes, en lo que se refiere a Turisme Jove parece evidente que no hubo el mínimo celo exigible; han tenido que ser los actuales dirigentes del departamento los que pongan en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción todas las anomalías detectadas.
Puede resultar una redundancia, pero a partir de ahora son los jueces los que tienen todo el poder para determinar qué ocurrió en Turisme Jove y quiénes son los responsables.
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