Tales acusaciones están inmersas dentro del citado caso, donde supuestamente De Santos habría aprovechado su condición de concejal y presidente de la Empresa Municipal d´Obres i Projectes Urbans (EMOP) durante 2006 para contratar una obra pública, el castillo infantil del Parc de sa Riera, omitiendo el procedimiento tasado por ley.
Esto quiere decir que la adquisición de dicha réplica debería haberse llevado a cabo mediante un concurso público publicitado, cosa que no se hizo, y a través del Ajuntament de Palma, y no de la EMOP, cosa que tampoco se hizo.
Además, la citada querella aduce que con anterioridad a que Cort comprara el castillo infantil a la empresa sueca Hags, la asesoría jurídica de la propia EMOP ya emitió en sus informes que la operación presentaba irregularidades tanto en la forma como en el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Aun así, se dio luz verde al proyecto de compra.
La Fiscalía también acusa a De Santos de haber negociado con Hags, que incluso le sufragó un viaje a Suecia, un precio de compra del castillo muy superior a su valor de mercado, ya que el precio correcto habrían sido unos 750.000 euros según una tasación hecha por un perito de la Fiscalía, y no los 1'4 millones de euros que fueron pagados por el juego infantil y por la instalación de 11 máquinas de fitness.
El teniente de alcalde de Hisenda, el socialista Andreu Alcover, reiteró el pasado 1 de agosto que la opción más viable para pagar estos 1'4 millones de euros sería la del endeudamiento.
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