Juan Francisco Gálvez, ex director general de Joventut del Govern balear, al término del registro llevado a cabo en su domicilio el pasado jueves.

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El titular del juzgado de Instrucción 8 de Palma ha declarado secretas las actuaciones derivadas de los registros en la peluquería de Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios de Turisme Jove y en el domicilio de Juan Francisco Gálvez, ex director general de Joventut del Govern, de lo que se obtiene que Anticorrupción todavía estudia los documentos obtenidos para apuntalar su acusación en el caso.

Así, en las diligencias proporcionadas ayer a los abogados de los imputados se reflejan las actuaciones en fase de pesquisa y las obtenidas luego de ellos y de los testigos ante la policía y en Instrucción 8 en funciones de juzgado de guardia. Los defensores deberán esperar al levantamiento del secreto para conocer el alcance real de las acusaciones a sus patrocinados.

Más testigos

La fase judicial en el caso 'Turisme Jove' está actualmente pendiente de dilucidar la competencia definitiva entre de los juzgados de Instrucción que han actuado, pues el registro en la peluquería de Gosálbez lo llevó a cabo el pasado martes el número 6 -lo que supuso la diligencia inaugural del caso-, mientras la comparecencia judicial de los detenidos tuvo lugar ante el 8.

En cualquier caso y dado que Juan Francisco Gosálbez se encuentra en prisión desde la madrugada del viernes, el primer recurso contra su encarcelamiento lo recibirá hoy mismo el magistrado Rotger, que fue quien lo ordenó a instancias del fiscal.

Fuentes próximas a la investigación confirmaron ayer que las pesquisas de la Fiscalía no se han detenido por esta circunstancia de competencia judicial, y proseguirán las citaciones de testigos durante las próximas semanas.

El caso 'Turisme Jove' desenvolvió la semana pasada su primera fase con la detención de los imputados y la consiguiente querella criminal de Anticorrupción por uso fraudulento de fondos públicos por valor de cientos de miles de euros, pero prosigue ahora con la aclaración de contratos del consorcio a espaldas de la legalidad vigente que pueden elevar la cifra de la malversación hasta un montante cercano a los tres millones.

La declaración de María Auxiliadora Pérez de Algabe, antaño compañera sentimental de Gosálbez y aún socia suya en empresas con las que presuntamente se defraudó al erario de 'Turisme Jove', confirmó a los fiscales Anticorrupción que el principal imputado en el caso atravesaba por dificultades financieras desde el relevo político de 2007 en el Govern balear. Así quedó constancia de que el contrato «blindado» por 12 años que les aseguraba la compra sin coste alguno de un local en el barrio palmesano de la Bonanova ya no era atendido por los nuevos rectores del consorcio, lo que obligó a Gonsálbez a pagar plazos de la hipoteca con cantidades obtenidas de las devoluciones de Hacienda por declaraciones de la renta y de sociedades.