Juan Francisco Gosálbez abandonando el juzgado de Guardia, camino de la prisión, el pasado 15 de agosto.

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F. BARRASA/J. PONS FRAGA

Gosálbez no está dispuesto en su primer testimonio a ofrecer explicaciones sobre todos los cargos -malversación, prevaricación, cohecho, falsedad documental, negociación prohibida a funcionarios y fraudes a la Administración Pública- que le imputa la Fiscalía Anticorrupción, pero al menos mostrará una voluntad de cooperación judicial inexistente hasta ahora, y que en buena parte justifica su privación de libertad desde la madrugada del viernes 15 de agosto.

La estrategia defensiva de Gosálbez ante unas acusaciones que le enfrentan a severas penas de prisión comienzan por contestar a los testimonios de quienes le acusaron de recibir comisiones en las facturas de prestación de servicios a 'Turisme Jove'.

En la querella de la Fiscalía de Balears contra tres responsables administrativos y políticos de 'Turisme Jove' y siete proveedores de la empresa pública del Govern balear entre 2003 y 2007, figuran las declaraciones ante la policía de cuatro de estos últimos en las que afirman haber falsificado facturas y con ello pagado comisiones entre 3.000 y 60.000 euros a Gosálbez. El hasta hoy principal imputado en la querella tratará de poner en cuestión unos testimonios que le incriminan pero que no adjuntan pruebas de cómo se llevó a cabo el presunto cohecho.

En efecto, la acusación formal del Ministerio Público incluye la declaración en la Jefatura de Policía de Palma de dos constructores y de los dos responsables de una agencia de viajes y actividades recreativas, en las que «admiten» el pago de comisiones a Gosálbez, «identifican la factura» objeto de la falsificación e incluso en algún caso se manifiesta «haber recibido invitación para falsificar otras facturas», con respuesta negativa, pero en ningún caso figura en las actuaciones la manera constatable de cómo fueron abonadas tales comisiones.

Gosálbez ha transmitido a sus abogados que le llaman poderosamente la atención las «facilidades» dadas por esos otros imputados cuando fueron convocados los días 12 y 13 de agosto pasados por la unidad policial de Delitos Económicos, prestando un testimonio que les vincula como actores a un delito de cohecho que está penado con hasta seis años de prisión.