El Govern pone en manos de servicios jurídicos las irregularidades de las obras del metro

El actual Ejecutivo autonómico ha decidido poner en manos de expertos jurídicos las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto de construcción de la línea suburbana y de la estación intermodal de la Plaza de España.

La intención es averiguar si existen responsabilidades penales de los gestores técnicos y políticos de este proyecto en los desvíos presupuestarios multimillonarios que todavía no se han podido justificar. Si así fuera, serían los servicios jurídicos de la Comunidad los que se encargarían de transmitir el caso a la Fiscalía de Balears para que lo investigase.

La información que se estudia actualmente es la aportada por las dos auditorías encargadas por la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori a partir de las graves deficiencias detectadas a raíz de las inundaciones registradas hace ahora un año, y que obligaron a mantener cerrada la línea durante diez meses para efectuar reparaciones.

Las auditorías han revelado que, de manera generalizada durante la ejecución de las obras, se produjeron cambios sobre el proyecto original. Se ha comprobado que muchas de estas modificaciones son las que provocaron las deficiencias estructurales en el resultado final de la línea de metro -reducción del sistema de drenaje y de los de seguridad, principalmente-, y sin embargo al mismo tiempo el coste se disparó. ¿Quién y por qué se autorizaron estas modificaciones? ¿A qué se destinó el espectacular sobrecoste? Eso es lo que quiere saber el actual Govern, que ha de hacer frente al pago de unas cantidades alarmantes. El coste final de las obras del metro y de la Estación Intermodal llegó a 314'5 millones de euros, cuando el presupuesto de licitación solo ascendía a 235'1 millones.

Solo en liquidaciones de «complementos y modificados» de la obra se presentaron 43'3 millones de euros, a los que hay que añadir también los 28 millones que han costado las reparaciones.