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LAURA MOYÀ El Ajuntament de Palma no permitirá que se instalen antenas de telefonía móvil a menos de 200 metros de los centros educativos. Ésta es la principal novedad de la ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas que la Gerència d'Urbanisme aprobó ayer. No fue la única. La norma también incluye un inventario de los dispositivos que existen en la actualidad en Ciutat: 329. De estos, 175 cuentan con licencia de funcionamiento o instalación, un trámite que no cumplen otros 25. Las 129 antenas restantes han solicitado los permisos para instalar nuevos dispositivos. Unos dispositivos que, en su mayoría, ya están en funcionamiento y que ahora intentan legalizarse.

Para Yolanda Garví, regidora d'Urbanisme del consistorio, la ordenanza permite tener «un inventario real» de la ubicación de las antenas de telefonía móvil en Palma. El mapa, que se irá actualizando, se publicará en internet para que «los ciudadanos conozcan dónde se encuentran esta clase de dispositivos», según la alcaldesa Aina Calvo.

Calvo destacó que, en un año, el Ajuntament ha clausurado 16 antenas de telefonía móvil porque no tenían la licencia en regla. El anterior equipo de gobierno sólo cerró una. «Hasta ahora, no había ningún tipo de control administrativo», dijo la alcaldesa. Un control que, ahora, se incrementará. Las 25 antenas ilegales, es decir, las que «no han solicitado ninguna licencia», en palabras de Garví, deberán presentar la documentación necesaria «y legalizar su situación». Si no, Cort «procederá a clausurarlas», dijo Garví. ¿Cómo puede el consistorio clausurar un dispositivo de telefonía móvil? Si le falta la licencia de actividad, pidiendo a la compañía eléctrica que interrumpa el suministro de energía y emitiendo una sanción que puede suponer el 80 por ciento del valor de la obra. Si no cuenta con la licencia de obras, se tramita un expediente de disciplina que dará lugar a la retirada de la antena y a la interposición de una multa.