Tras dictar un auto por el que levanta el secreto de las actuaciones de una causa que investiga supuestas irregularidades en la compraventa de terrenos en el polígono de Son Oms, situado cerca del aeropuerto de Palma, el juez fijó el calendario de declaraciones. El miércoles 22 comparecerán Diéguez, Martorell y Vicens, y el jueves 23 lo harán Morales y Montis.
La decisión del juez instructor se produce pocos días después de que varias comisiones judiciales registraran las sedes de diversas empresas supuestamente vinculadas a la trama, así como de domicilios particulares.
También, semanas atrás se habíán llevado a cabo las primeras detenciones, ya que el contable de Metalumba Tomás Martín y el empresario belga John Lanaers declararon ante el juez tras responder a las preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach y de los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
La querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el 'caso Son Oms' imputa hasta seis delitos a Vicens, a su esposa, a Morales, Diéguez y Montis. A los ya conocidos ilícito penales de estafa, cohecho y tráfico de influencias, se añadieron los de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La Fiscalía afirma que Vicens creó la sociedad Metalumba en septiembre de 2002, cuando era el 'número dos' de Unió Mallorquina, para cobrar 700.000 euros. La registró a nombre de su mujer, Antonia Martorell, y designó a Elizabeth Diéguez administradora única.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el objetivo de la sociedad era el de canalizar los pagos de Jaume Montis en concepto de comisiones por el papel que Vicens desempeñó como letrado en la compraventa de parcelas en el polígono de Son Oms.
El principal argumento de defensa de Vicens es que acordó las comisiones con Montis cuando no ejercía cargo político alguno, aunque cobró parte de los 700.000 euros tras ser nombrado en 2003 conseller insular d'Ordenació del Territori.
Anticorrupción afirma que Morales y Vicens se dirigieron en la década de los noventa a los propietarios de las fincas de Son Oms, que por entonces eran terrenos no urbanizables, para ofrecerles la posibilidad de gestionar y obtener la recalificación de los terrenos «merced a su influencia política y a su vinculación con la sociedad mercantil Inspecciones Técnicas de Mallorca SA, propietaria, también, de terrenos en esa zona».
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