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Serán los jueces los que, al final, determinen las responsabilidades civiles y penales derivadas del derrumbe de un pabellón del hotel Son Moll de Cala Rajada el pasado martes, siniestro en el que murieron cuatro trabajadores. Hasta el momento han sido detenidos el arquitecto, el aparejador y el encargado de las obras y hay otros cuatro imputados. Los datos son, por ahora, escasos y confusos, basados en las informaciones facilitadas por el Ajuntament de Capdepera cuyo alcalde, Bartomeu Alzina, confirmó la ausencia de la preceptiva licencia municipal para acometer los trabajos que, conviene tenerlo muy presente, implicaban la rehabilitación integral del edificio y ocupaban a decenas de operarios.

Llama la atención que el Ajuntament de Capdepera reiterara, hasta en tres ocasiones, la ilegalidad de las obras en el hotel y, sin embargo, no procediera a su precinto. Es sabido que las licencias, un permiso administrativo al fin y a la postre, no son una garantía frente a la fatalidad. Los requisitos que faltaban no afectaban a la seguridad, pero no cabe duda de que las cosas no se estaban haciendo bien en el edificio; cuestión de la que deben responder los técnicos, las empresas contratadas y la propiedad. La negligencia planea sobre todo este asunto.

Tras el derrumbe del hotel Son Moll y a medida que se disipa el polvo comienza a aflorar la realidad de una práctica demasiado común y acentuada en estos tiempos de crisis, en los que se trabaja sin permisos. Las prisas no pueden justificar, ante la excesiva lentitud en la tramitación de las licencias, la realización de obras de esta envergadura al margen de la legalidad. Por desgracia, las cuatro muertes volverán a ser un aldabonazo a las conciencias públicas y privadas hasta que, dentro de unos meses, todo quede en el olvido y nuevas muertes evoquen tanta insensatez.