La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la sanción al juez sevillano Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés, asesinada por Santiago del Valle cuando se encontraba en libertad pendiente durante dos años y medio de la ejecución de una sentencia condenatoria. El máximo órgano judicial ha evitado la suspensión de Tirado y se ha limitado a ratificar la multa de 1.500 euros que ya se le habían impuesto, acuerdo sobre el que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no ha dudado en mostrar su rechazo frontal.
El acuerdo del CGPJ, adoptado por la mayoría de sus miembros pertenecientes a distintas sensibilidades políticas, ha causado el lógico rechazo por la endeblez de las argumentaciones que se exponen en su defensa ya que, desde su punto de vista, la actitud de Tirado se califica como un mero retraso injustificado consecuencia de una desatención leve. La indignación del padre de Mari Luz no puede estar más justificada atendiendo las trágicas consecuencias del cúmulo de despropósitos que se acumularon en el juzgado sevillano del que su secretaria sí fue inhabilitada por el Ministerio.
El anuncio de reforma del régimen disciplinario de los jueces anunciada por el ministro Fernández Bermejo debe acometerse con urgencia para evitar que se vuelvan a repetir decisiones del CGPJ al amparo de un corporativismo malentendido y que contrasta con, por ejemplo, la dureza de la suspensión durante más de dos años y el pago de una indemnización de 6.000 euros al juez Ferrín Calamita, que dilató injustificadamente una adopción a una pareja lesbiana. La dejadez del juez Tirado significó dejar en libertad un peligroso pederasta que de haber cumplido su obligación no hubiera podido matar a una niña.
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