El Consell ofrece Can Domenge para construir 600 VPO

Ahora, la institución insular comunicará a Sacresa y Ferratur que deben «reintegrar la propiedad libre de cualquier carga», dijo Armengol. El Consell también ejecutará el aval de 800.000 euros que el contrato preveía en caso de que no se cumpliera con los plazos previstos. En relación a los 30 millones de euros que el Consell cobró por la venta del solar, la institución insular habilitará un crédito para devolver el dinero a las promotoras de forma inmediata si aceptan la resolución del Ejecutivo insular. La venta se hizo cuando Maria Antònia Munar era la presidenta del Consell.

Si las dos empresas optan por presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto, «tendremos más tiempo para concretar con el Govern la construcción de VPO en Can Domenge a cambio de que adquiera el solar». Es decir, la previsión es que sea el Ejecutivo autonómico quien se haga cargo de los costes. Por ahora, tienen un mes para contestar al Consell.

Armengol explicó que la decisión se basa en dos informes, uno administrativo y otro jurídico. En los dos se aconsejaba «resolver el contrato» por el incumplimiento de los plazos previstos por parte de las empresas, que no habían llevado a cabo «ninguna actuación urbanística». «La operación se cerró durante la pasada legislatura y, en la actual, el Consell no tenía nada que ver. Sí podía estudiar si se estaba incumpliendo el concurso, que era una de las cosas que se primó en su momento», afirmó Armengol.