TW
0

El promotor y ex presidente del Mallorca Vicenç Grande negó ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, haber cometido un supuesto delito fiscal en la reinversión de beneficios tras la absorción de la sociedad Binilencia por parte de Binipuntiró el 23 de noviembre de 2006.

Grande, acompañado por su abogado Joan Font, insistió en que esos beneficios eran fiscalmente deducibles en esas fechas, mientras que las acusaciones, ejercidas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau y el abogado del Estado, mantienen lo contrario.

La absorción de Binilencia, una sociedad creada en 1997 y que se dedicaba a la promoción inmobiliaria, por parte de Binipuntiró, la sociedad tenedora de las acciones del Mallorca, fue estudiada de forma exhaustiva por los inspectores de la Agencia Tributaria en Balears. El pasado mes de diciembre, Hacienda presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, que este organismo trasladó de inmediato al juez de guardia.

La cantidad supuestamente defraudada por Grande asciende a poco más de medio millón de euros, aunque la juez, en la primera decisión que adoptó a través de un auto, fijó para el promotor una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros. El importe de esa fianza ha sido recurrido por la defensa de Grande.

Según explicaron ayer fuentes judiciales, Grande contestó «a todas las preguntas que le formularon» durante su comparecencia en el juzgado, que se prolongó durante algo más de una hora.

«Se trata de una cuestión de interpretación de la actual ley fiscal, que es distinta a la que estaba en vigor. Para Hacienda, la reinversión (de beneficios) no era deducible, pero para Grande sí lo era», comentó la fuente consultada por este diario.

El empresario, en todo caso, no ha negado la operación que Hacienda considera sospechosa, sólo que él insiste en que no ha cometido delito fiscal alguno.

Grande se declaró insolvente el pasado mes de junio, y presentó, también, un concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos) para catorce de sus sociedades adscritas al Grup Drac. Declaró un pasivo de 600 millones de euros, aunque el informe concursal la elevó a unos 930 millones.

Todo su patrimonio está bajo la tutela judicial (Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma), por ello, deben ser los administradores concursales los que autoricen el pago de la fianza de dos millones de euros impuesta por la juez, en caso de que no prospere el recurso presentado por el promotor.

Grande, asimismo, tiene otro frente judicial abierto en los juzgados de Vía Alemania, ya que es uno de los promotores imputados en el 'caso Plan Territorial de Mallorca', que investiga supuestos 'pelotazos' urbanísticos con las negociaciones de recalificación de terrenos en las Àreas de Reconversión Territorial (ART).

Además, en las próximas semanas, el titular del Juzgado de lo Mercantil 1, Víctor Fernández, debe fijar el calendario de juicios verbales rápidos sobre los más de cien incidentes concursales presentados por los acreedores de Grande. El promotor, a su salida de los juzgados, rehusó ayer comentar con los medios de comunicación el alcance de su declaración realizada ante la juez que le investiga por un supuesto comisión de un delito fiscal.