25/05/09 0:00
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A.G./EFE Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, explicó ayer que su partido preguntará al Gobierno qué medidas piensa adoptar después de que la Audiencia Nacional haya anulado la privatización de hecho de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins.

«Todavía no lo hemos hablado, pero es evidente que iniciaremos una batalla parlamentaria. Puede ser en forma de interpelación o de pregunta en la comisión de control del Gobierno, hay que estudiarlo. Lo que ha quedado demostrado es que los hechos que se denunciaron eran susceptibles de ilegalidad, así que ahora hace falta saber qué va a hacer el Ministerio», dijo Tardà.

Tardà tuvo palabras para su compañero Joan Puig, el diputado que en 2005 participó en la reivindicación por el dominio público. «Por aquella acción fue objeto de una persecución. Sólo él y su familia saben lo que han sufrido. Pero a pesar de todas las criminilizaciones y del intento de folklorizar aquellos hechos, ha quedado demostrado que ni él ni Jaume Sastre se han acobardado o dejado acomplejar».

El líder del Lobby per la Independència, Jaume Sastre, aseguró ayer a Efe que, aunque «no ha sido una victoria total, sí ha sido una gran victoria». Para celebrarlo esta misma semana todos los colectivos que se implicaron en la lucha por el uso público de la polémica piscina comparecerán ante los medios en la Costa de los Pinos.

El líder del Lobby afirmó que con la sentencia en la mano «se podría ir a nadar a la piscina mañana mismo», pero apeló a la prudencia y anunció que todo se hará con calma y «dentro del absoluto respeto por la legalidad que siempre hemos tenido».

«Estamos muy satisfechos y muy contentos porque finalmente se nos da la razón, a pesar de las campañas de criminalización y de denuncias que Pedro J. Ramírez montó para darnos miedo e intimidarnos», insistió Sastre.

El líder de ERC, Joan Puigcercós, valoró la sentencia como «una victoria de la democracia». «En este país si hay justicia no puede haber privilegios, y el señor Pedro J. Ramírez disfrutaba de privilegios más propios del antiguo régimen que de una democracia y de una división de poderes». Para Puigcercós, «se había cometido una injusticia y una ilegalidad urbanística, con una dosis añadida de fanfarronería por parte de un personaje público».