Amengual comentó que «a mediados del mes de agosto mantuvimos una reunión con las asociaciones de juego para analizar las consecuencias de la sentencia del Supremo -dictada el 30 de junio y publicada ayer en el BOIB-. Teniendo en cuenta la situación de crisis no pensamos que haya un incremento sustancial de máquinas tragaperras -cuyo número quedó congelado en 1999 en torno a las seis mil en el conjunto de la Comunitat Autònoma-, el problema es que podrían entrar empresas procedentes de la Península que afectarían a las de Balears, que mantienen alrededor de un millar de puestos de trabajo».
El Supremo anula el decreto que impedía más tragaperras en Balears
El Govern y el sector del juego tratan de pactar un nuevo decreto
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