La titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, ha dictado un auto en el cual fija una fianza de 38,5 millones de euros al presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y las empresas que formaron la UTE para comprar los terrenos de Can Domenge, Sacresa Terrenos Promoción SL y Construcciones Pedro Ferrá Tur. La juez instructora del 'caso Can Domenge' señala que en caso de no prestarse la fianza solidaria en 24 horas desde la notificación del auto se procederá al embargo de los bienes, conforme al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Al exigir esa cantidad en concepto de caución solidaria, la juez pretende «asegurar las responsabilidades pecuniarias por perjuicios», según el auto dictado por la magistrada. Flaquer, defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, desempeñaba el cargo de conseller insular de Economia i Hisenda cuando Can Domenge salió a concurso.
El Ministerio Fiscal había solicitado a la juez que exigiera 40 millones de euros a los principales imputados en la causa, cantidad que cubriría al menos un tercio más de la cantidad prevista como responsabilidad civil, de acuerdo al artículo 31.2 del Código Penal.
La magistrada, finalmente, fijó la fianza en 38,5 millones de euros, las más elevada en la historia judicial de Balears.
El 'caso Can Domenge' se puso en marcha en los juzgados tras una querella criminal interpuesta por el Grupo Nuñez y Navarro, que había presentado una oferta de 60 millones de euros por los terrenos. Sin embargo, el concurso de enajenación se adjudicó a la UTE formada por Sacresa y Francisco Ferrá Tur por tan sólo 30 millones. El auto de la juez señala que esos terrenos estaban valorados en la fecha del concurso en 57,8 millones de euros, según las tasaciones efectuadas al margen del proceso y referidas a mayo de 2005 por la Agencia Tributaria. «El perjuicio causado asciende pues a 28,9 millones de euros», precisa la resolución judicial. La juez recuerda en el apartado de antecedentes de hechos, que en su juzgado se siguen diligencias previas incoadas a raíz de la querella contra Maria Antònia Munar, Miquel Àngel Flaquer, Mercedes López Isern, Cristina Carreras, Bartomeu Tous, Pedro Francisco Ferra Tur «y finalmente contra aquellos miembros del Pleno del Consell Insular de Mallorca que, conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación relativo a la enajenación del bien inmueble Can Domenge». Añade que la querella «también va contra aquellas personas que a resultas de la instrucción aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos objeto de la querella».
La juez ha tomado declaración a decenas de imputados y testigos, y el mes pasado dictó un auto por el cual da traslado a las acusaciones (Fiscalía y Grupo Nuñez y Navarro) para que se pronuncien sobre la posibilidad de remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears. Ambas partes han solicitado a la juez que se inhiba a favor de la Sala de lo Civil y Penal al considerar que existen indicios de la comisión de delito por parte de dos de los aforados en el 'caso Can Domenge', el conseller de Turisme, Miquel Nadal, y el diputado autonómico Bartomeu Vicens. La magistrada tendrá que pronunciarse sobre esa cuestión en los próximos días. Mientras tanto, ha dictado un auto de sobreseimiento parcial para el ex secretario general del Consell Insular de Mallorca Bartomeu Tous, y el arquitecto Mariano Gual de Torrella, ambos, defendidos por el abogado Gabriel Garcías. Todo ello, pese a la oposición de la acusación particular.
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