«Si no me compras te mataré». En esos amenazadores términos se habría dirigido el empresario Jaume Moll, propietario del grupo hotelero Royaltur, al ex vicepresidente de la Inmobiliaria Alcazar Juan Bautista Llorens, en plenas negociaciones para evitar la quiebra del Grupo Moll, que en 1993 arrastraba un pasivo de más de 98 millones de euros (unos 16.000 millones de pesetas), según declaró a los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma el propio Llorens.
El ex directivo de Inmobiliaria Alcazar dijo en la apertura del juicio del 'caso Royaltur', que investiga desde hace 16 años un supuesto delito de estafa en la compraventa de 12 hoteles con 900 plazas: «Los Moll sólo querían pillar la pasta y salir corriendo. Era un 'sálvese quien pueda'».
Llorens es uno de los acusados, junto a Juan Piguillén, ex consejero delegado de Inmobiliaria Alcazar, filial de sa Nostra, Simón Galmés y Antonio Mascaró, ex vicepresidente y director comercial de la Banca March, respectivamente, que ayer se sometió a las preguntas del abogado de la acusación particular, ejercida por Jaume Moll, Rafael Perera, del fiscal Juan Carrau y los abogados defensores Javier Melero, Miguel Coca, Pau Mas, Eduardo Valdivia y Judith Gené. Moll solicita seis años de cárcel para los acusados por un supuesto delito de estafa. Según su tesis, los acusados, supuestamente, urdieron una trama para arrebatarle un patrimonio valorado en 216 millones de euros.
Pero, esa imputación no es compartida por el Ministerio Fiscal, que afirma en su escrito que los hechos objeto del juicio «no son constitutivos de delito alguno». Y añade: «No cabe hablar de autoría al no existir delito alguno y no se aprecia la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal». Además, exige la imposición de la condena en costas a la acusación particular.
El Grupo Moll «estaba en quiebra»en 1993, según los acusados, pero así y todo recibió 12'2 millones de euros tras la venta del capital social a la Inmobiliaria Alcazar. En el juicio los Moll exigen una indemnización de 94 millones de euros, cantidad que es la que debían haber percibido, según afirman.
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