El Ministerio Fiscal lo tiene claro en el juicio del denominado 'caso Royaltur': El tribunal debe dictar una sentencia absolutoria porque no ve indicios de delito de estafa en la actuación de los acusados, Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens, de la Inmobiliaria Alcazar y Simón Galmés y Antonio Mascaró, de la Banca March.
El fiscal Juan Carrau elevó ayer a definitivas sus conclusiones en el desarrollo de la cuarta jornada del juicio que hoy, con los alegatos de los abogados, finaliza en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.
En su exposición, Carrau admite que, «quizás», el propietario de la cadena hotelera mallorquina Royaltur, Jaume Moll, firmó «engañado, presionado o agobiado (por las deudas)» el contrato de traspaso de las acciones en 1993, pero «no ha quedado demostrado (en el juicio) que hubiese sido víctima de una estafa».
Añadió que el protocolo de intenciones y el documento definitivo por el cual los propietarios de Royaltur ceden la mayoría de las acciones «no engañan a nadie», ya que ahí «brillan por su ausencia los 15.000 millones de pesetas supuestamente prometidos por las sociedades con las que (la familia Moll) había contactado».
«Si uno quiere engañar a alguien no lo hace a través de un protocolo de intenciones. Además, a la vista de lo que entonces era la situación financiera de los hoteles, muy complicada, ese contrato fue la solución para sanear el Grupo», precisó Carrau.
En todo caso, «el pago de comisiones (a Piguillem) pudo ser delictivo (iba a cobrar 250 millones de pesetas y otros 800 en Suiza, según los querellantes), pero está prescrito», ha subrayado el fiscal, que también criticó la pena de seis años de cárcel solicitada por la acusación particular, «porque está basada en el Código Penal antiguo».
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