El PP denuncia que Calvo adjudica 'a dedo' por 13 millones la ampliación de la ORA

El portavoz del PP, Julio Martínez, explica que «la ampliación no se ampara en la ley en vigor de los contratos del sector público (ley 30/2007 de 30 de octubre), que impide realizar una ampliación de esta envergadura. Calvo usa una ley derogada, el real decreto 2/2000 de 16 de junio».

En este sentido, añade que los expertos recomiendan un contrato nuevo para una adjudicación de esta envergadura. Además, la junta consultiva de contratación mantiene una posición muy restrictiva de las posibilidades de realizar modificaciones, ya que se alteran los principios de la libre concurrencia y buena fe que han de presidir las contrataciones de las administraciones públicas.

Así, el mismo interventor municipal recomienda un contrato nuevo, en sintonía con la junta consultiva de contratación, ya que el importe de la modificación de haber sido conocida por otros licitadores en el año 2007, podría haber hecho variar las ofertas y no ser beneficiaria la actual concesionaria del servicio. De este modo, el interventor municipal añade que la solución jurídica más correcta es un nuevo contrato.

El portavoz del PP también destaca que el informe de la asesoría jurídica exige como informes preceptivo el del Consell consultiu de Balears, toda vez que la cuantía de la modificación resulta ser superior al 20 por ciento del precio inicial (la desviación es un 35'6% según el informe del interventor) y por ser la cuantía superior a los 6.010.121'04 euros. «Calvo ha adjudicado los 13 millones sin tener el informe del Consell Consultiu de Balears, a pesar que la presidenta es la misma que preside el Consell Tributari».

Cabe recordar que el contrato inicial se adjudicó para cubrir 7.110 plazas. Martínez adelanta que «las ampliaciones serán dos, la primera por 6.500 plazas por los 13 millones, y una segunda fase por 9.000 plazas. Si se vuelve a realizar la adjudicación mediante ampliación y se hace en 2010 sería adjudicar a dedo por parte de Calvo 26'5 millones, lo que supondría la mayor adjudicación de la legislatura por un importe final de casi 50 millones de euros a una misma empresa, usando una normativa derogada, sin informe del Consell consultiu y sin seguir las recomendaciones del interventor municipal y de la junta consultiva de contratación del estado». Por ello, el PP solicitará en el pleno de hoy que Calvo rectifique esta adjudicación y que se realice un contrato nuevo por los 26'5 millones, «para garantizar total transparencia y los principios de libre concurrencia y buena fe».