El TSJB acepta la inhibición de la juez y asume la instrucción del 'caso Can Domenge'

El TSJB acepta, de esa manera, la inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que remitió a la Sala una exposición razonada en la que le solicitaba que continuara con la instrucción al ver «indicios de delitos» en la actuación de los aforados Nadal y Vicens, defendidos por los abogados Eduardo Valdivia- Jaime Campaner y José Zaforteza, respectivamente.

La Sala Civil y Penal del TSJB solicitó ayer toda la documentación de este asunto donde se investiga un presunto caso de corrupción derivado de la venta a la empresa Sacresa del solar público de Can Domenge por valor de 30 millones de euros.

El Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia por el concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados por el que ofreció de 60 millones de euros.

Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en 2006, año de la venta, era de 57'8 millones de euros, 28'9 millones menos que lo que debía pagar la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacresa Terrenos Promoción SL y Construcciones Pedro Ferra Tur.

En esta causa se investigan la comisión de supuestos delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración pública. Según el auto redactado por la juez, el Consell adjudicó un inmueble «por un precio muy inferior al del mercado mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación del inmueble». La juez fijó una fianza por responsabilidad civil de 38'5 millones de euros a Sacresa y Ferrá Tur y al ex conseller de Hisenda del Consell de Mallorca y actual presidente de UM, Miquel Angel Flaquer.

Exposición razonada
Flaquer ha asegurado que se limitó «a cumplir con sus obligaciones» como conseller d'Economia i Hisenda y que no realizó ninguna actuación «punible». La exposición razonada de la juez Carmen González señala: «De las actuaciones practicadas y de la actividad probatoria efectuada, concluimos que existen indicios bastantes de que los inmuebles pertenecientes al Consell de Mallorca, de muy alto valor, y que lejos de hacerlo en la forma que más se garantizaba el interés público, lo hicieron para satisfacer intereses privados, enajenándolo a un precio que era aproximadamente la mitad de su valor de mercado, sin un interés público que lo justificase».

Añade que, «para ello, podrían haber utilizado los siguientes ardides: decidir enajenar mediante el sistema de concurso un terreno para construir viviendas sin fijar precio máximo de enajenación, o arrendamiento de las viviendas construidas».

La juez afirma que la resolución del decreto iba dirigida a «un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos» y que constituyó una «conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales», lo que supuestamente consuma el delito de prevaricación, que junto a los de malversación de caudales públicos y fraude se atribuye a Vicens así como al conseller de Turismo y entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal.