Bauzá reunirá el miércoles a Rodríguez y Fiol para alcanzar un acuerdo

La decisión que ha tomado el Comité de Derechos y Garantías deja clara que «queda suspendida automáticamente» la convocatoria para la elección de las juntas de distrito, debiéndose fijar un sólo día para la misma, tal y como pedía Francesc Fiol en su impugnación.

Sin embargo, el Comité de Derechos y Garantías entiende que «lo aconsejable es que si existen juntas de distrito, no exista junta local, por lo que se deberían reformar los reglamentos de organización pertinentes, suprimiendo la junta local si se desea mantener las de distrito». No obstante, Madrid también da la posibilidad de mantener la junta local de Palma, pero derogando el artículo 8.1. del Reglamento de la Organización. De este modo, el presidente de la junta local no sería elegido por los presidentes y secretarios de distrito, sino que su elección sería de forma directa: por compromisarios o por los afiliados.

Fiol manifestó su satisfacción por la decisión adoptada por Madrid, ya que considera que le ha dado la razón. Fiol, al igual que Àlvaro Gijón, que apoya la candidatura de José María Rodríguez, considera que se debe mantener la junta local de Palma. Fiol también añadió que «la modificación del reglamento la tiene que hacer la junta local de Palma, de acuerdo con la insular, para abreviar términos y plazos».

Por su parte, Gijón declaró que «aceptamos lo que diga cualquier órgano interno del partido, aunque no lo compartimos porque no creo que en Madrid conozcan este proceso». Además, destacó que «no se ha inventado para estas elecciones, lleva más de diez años funcionando y ¿ahora se da cuenta Madrid». Gijón lamentó que «llevamos un año y medio para renovar la junta territorial de Palma. Se le ha hecho un feo a los afiliados porque hemos movilizado a más de 2.000 personas entre las dos candidaturas». En su opinión, la candidatura de Fiol «ha jugado con las cartas marcadas y eso es muy triste».

El secretario general de la junta territorial de Palma, Rafael Durán, argumentó que se trata de una estructura que fue reconocida por la junta insular en el año 2000 y ratificada por la regional en el 2008. Respecto a una posible impugnación de la decisión de Madrid, respondió que «hay que ver el alcance de esta resolución».