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La Conselleria d´Afers Socials trabaja en la elaboración de un decreto que permitirá a las personas que se encargan de cuidar a un familiar dependiente, y por lo que reciben una ayuda económica a través de la Ley de Dependencia, solicitar un mes de descanso, tiempo durante el que la persona a la que atienden será trasladada a una residencia para su cuidado.

La conseller Josefina Santiago explica que este decreto regulará la compatibilidad de ambas prestaciones y es que la ley establece que el Estado financia una parte de la ayuda, pero son las comunidades las únicas que pueden compatibilizarlas con otros servicios. «Por eso estamos estudiamos que los familiares cuidadores puedan tener 30 días de descanso al año, seguido o en diversos momentos del año, a través de las unidades de respiro existentes en diversas residencias».

Otra de las posibilidades que regulará este decreto -aunque en este caso su aprobación dependerá de las disponibilidades presupuestarias- es la de que las personas que cuidan a mayores que tienen plaza en un centro de día puedan contar durante un máximo de 20 horas mensuales con el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio, explica la consellera, «permitirá, por ejemplo, que el cuidador, que en muchos casos también tiene una edad avanzada, pueda tener ayuda a la hora de levantar, lavar y atender al anciano antes de acudir al centro de día».

Progresivamente

«Estas son dos compatibilidades que se podrán recibir a través de la Ley de Dependencia a partir del año que viene. De la primera de ellas no hay ninguna duda, pero de la segunda se está estudiando el coste», reconoce la consellera.

Un familiar cuidador es el que convive en la casa con la persona dependiente y que tiene parentesco con ella. Las unidades de respiro ya existen en las residencias, pero ahora se podrán beneficiar, -«de forma progresiva», aclara Santiago- unas 3.400 personas, que son las que actualmente reciben la ayuda económica por el cuidado de un familiar.

Por otro lado, la Conselleria está elaborando otro decreto en el que se establecen los mínimos de calidad, infraestructuras y servicios que deben cumplir las residencias de todo tipo y los centros de día, algo que se negocia con los consells insulares.