El Govern pondrá límites al 'happy hours' y a la publicidad que pueda perjudicar la salud de los ciudadanos

Así lo ha reconocido la directora general de Salut Pública i Participació, Margalida Buades, al explicar las bases del borrador de la Llei de Salut Pública de les Illes Balears, que actualmente está en fase de presentación de sugerencias por parte de los agentes sociales, colegios profesionales y asociaciones relacionadas con la sanidad pública.

Prohibición
Buades ha matizado que, aunque el texto de la ley «no especificará» la prohibición del 'happy hours' en la venta de alcohol en bares y discotecas, una antigua demanda de federaciones de locales de ocio nocturnos y apoyada por la patronal del pequeño y mediano comercio PIMEM, si que servirá de base para ejercer un mayor control y regular la publicidad de productos, como el alcohol, que pueden incidir sobre la salud de los ciudadanos de las Islas.

El 'happy hours' o '2x1' es un tipo de oferta que se realiza para captar clientela y abaratar el coste de las consumiciones y, en muchas ocasiones, sirve para distribuir productos de escasa calidad.

Pero no sólo se podrá controlar la publicidad de productos que puedan ser dañinos para la salud, el borrador de la normativa prevé todo un régimen sancionador con multas que van desde los 6.000 hasta el millón de euros, según la gravedad de la infracción cometida.

Infracciones
Son infracciones en materia de salud pública las acciones que vulneren la normativa, una vez que ésta haya sido aprobada por el Parlament -inicialmente está previsto que se pueda aprobar en 2010- y se especifican tres tipos de infracciones que van desde leves a muy graves, pasando por infracciones graves.

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con hasta 6.000 euros y las muy graves, como por ejemplo la promoción o venta para uso alimentario de sustancias que no estén autorizadas y que puedan producir riesgos graves para la salud del consumidor, podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros.

En el caso de especial gravedad y trascendencia para la salud pública o persistencia de la infracción se podrá acordar el cierre de la actividad por un plazo máximo de hasta cinco años.