El president Antich presentó ayer el acuerdo que ha venido negociando en los últimos días con sus socios de gobierno como el intento de «dar otra oportunidad» al pacto pero admitió que la crisis del Ajuntament de Palma sigue abierta y que su alcaldesa, la socialista Aina Calvo, tiene manos libres para resolverla. El nuevo conseller de Turisme será Miquel Ferrer, tras 'sacrificar' UM a su candidato inicial, Francesc Buils, ante el veto de Antich.
El acuerdo, que establece un baremo de imputados por el que los partidos del pacte se obligan a pedir la renuncia de cargos con medidas cautelares o con juicio señalado a instancia de la Fiscalía y por el que ningún imputado será nombrado para cargos ejecutivos, se complementa, tal como ya anticipó este diario, con el compromiso de desbloquear varias leyes pendientes y establecer nuevos mecanismos de control.
Pese al nuevo baremo de imputaciones, Antich dejó claro que no se puede hacer nada ante cargos electos que se atrincheren en su escaño y consideró que los partidos ya habían cumplido al pedir la marcha de Bartomeu Vicens (aunque éste no se vaya), diputado en el que se seguirá manteniendo ya que lo considera de la actual mayoría.
Antich, que compareció en el Consolat de la Mar, admitió que había un problema de estabilidad en Palma. Precisamente, sólo unas horas antes, Unió Mallorquina se había ausentado de la comisión de gobierno de Palma y Esquerra Unida discutía las consecuencias de su propia crisis interna. Antich, aunque hace sólo unos días había afirmado que todas las instituciones formaban parte de un mismo paquete, optó por dejar abierta la crisis de Cort a la vista de que ningún partido parecía controlar a sus representantes en Palma.
Carga contra el PP
Antich, que en un momento dado llegó a pedir disculpas a la ciudadanía, dio por descartada la opción de anticipar las elecciones y confió en que el acuerdo de estabilidad a las instituciones pese a la excepcionalidad de Cort.
En su comparecencia fue crítico, muy crítico con el Partido Popular y afeó a su presidente, José Ramón Bauzá, que «ni siquiera aceptara asistir a las reuniones» y que «no le dejaron».
El nuevo baremo de imputaciones, además de no tener efectos sobre Vicens, tampoco influye de momento, en el conseller de Medio Ambient, Miquel Àngel Grimalt, quien podrá ejercer su cargo mientras el juez no decrete para él medidas cautelares o abra un procedimiento de juicio oral por su imputación en el 'caso Son Oms'. En la misma situación se encuentra la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, quien está imputada en el 'caso Can Domenge' y en una pieza separada del 'caso Son Oms', conocida como 'operación Maquillaje'. Además, con este pacto se impide que Miquel Nadal pueda ser nombrado para ejercer un cargo ejecutivo (porque ya lo ha dejado) aunque sí podrá continuar como portavoz y regidor de UM, en Palma, del mismo modo que Xicu Tarrés podrá continuar presidiendo el Consell de Eivissa.
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