Europa PressPalma08/02/10 0:00
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El Consell de Govern celebra hoy, a partir de las 11.30 horas, una reunión extraordinaria, en la que participarán los nuevos consellers de Turismo, Joana Barceló; Trabajo y Formación, Pere Aguiló, y Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens, y en la que el presidente, Francesc Antich, llevará el Proyecto de Ley del Sector Público, con el fin de que sea debatido, a pesar de que ya estaba consensuado por el PSIB, UM y Bloc.

Así, Antich ha precisado que hoy no se aprobará esta normativa, que pretende incrementar el control del sector público para evitar que se vuelvan a repetir casos de corrupción en los que se malversen caudales públicos, sino que únicamente, se debatirá y se acordarán los puntos fundamentales, con el fin de extender a partir de mañana la negociación al PP para lograr que se pueda aprobar de forma rápida en el Parlament con el consenso de todas las fuerzas políticas.

El presidente recordó ayer que hace «mucho tiempo» que defiende la necesidad de que haya «más agilidad, más racionalidad y más control en el sector público» y, por esta razón, sostuvo que quiere abordar la citada normativa durante el primer día del nuevo Govern, tras la remodelación realizada después de que cesara a todos los cargos ejecutivos de UM en esta institución por la supuesta implicación de algunos dirigentes de este partido en la Operación Voltor.

«Espero que sea posible poder tener el acuerdo y la participación de todas las fuerzas políticas, porque la Ley del Sector Público es una de esas cosas que, en estos momentos, necesitamos aplicar en las instituciones para dar más confianza a los ciudadanos», remarcó Antich, quien consideró que «no podemos perder ni un minuto» en aprobar esta normativa.

«No me arrepiento de nada»

Respecto a la crisis generada en el Govern, tras la expulsión de UM, Antich resaltó que no se «arrepiente de nada», ya que, según recordó, se ha actuado con «total inmediatez y rapidez» en el momento en el que se dio cuenta de que había unas situaciones que «no se podían tolerar», en referencia a la detención de dos ex-directores generales del Ejecutivo en el marco de la citada operación contra la corrupción, para quienes el juez solicitó el pasado sábado prisión bajo fianza de 100.000 euros.

No obstante, Antich pidió «disculpas a los ciudadanos por todos los problemas que se han generado» e incidió en que el Ejecutivo «actúa todo lo rápido que puede para intentar paliar y solucionar» estos problemas, relacionados con la supuesta corrupción por parte de miembros de esta institución.

Así, el presidente manifestó que, a partir de ahora, el Govern se «esforzará aún más», porque, según insistió, pondrá en marcha «toda una serie de instrumentos que hagan que en esta legislatura quede perfectamente claro cómo se debe funcionar desde las instituciones».