Juan Mestre01/04/10 0:00
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrasa, presentó ayer en el Parlament la memoria judicial de 2009 de la que se desprende que que todavía quedan 73.000 casos pendientes. Terrasa fue recibido en la Cámara por su presidenta, Aina Rado, y leyó el contenido de la memoria a los diputados autonómicos.
En su relato, Terrasa apuntó que a principios del pasado año faltaban por comenzar la instrucción de 79.303 casos. Al concluir el ejercicio los juzgados de Balears todavía tenían pendientes 73.044, aunque durante los doce meses se resolvieron 210.840 asuntos.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha calculado que haría falta un año y seis meses para resolver todos los casos pendientes en el contencioso administrativo. Para ello sería necesario que no registrase ningún asunto judicial nuevo en ese mismo periodo. Terrasa reconoció que el aumento de litigios vinculados a la crisis económica, además de los numeroso asuntos de corrupción, han disparado la carga de trabajo de sus órganos judiciales.
Pese a que Balears tiene un porcentaje de jueces por habitante superior a la media nacional, Terrasa reconoció que la configuración geográfica de las Islas impide mayor efectividad a la hora de resolver los casos judiciales. No obstante, Terrasa recordó que también se registran más casos judiciales en Balears que en la media del territorio nacional.
Colapsos
Pese a tener más jueces que la media del resto de comunidades, la memoria judicial reconoce que no se tienen en cuenta factores como la población flotante, la inmigración y la multiinsularidad, que son las causas que colapsan los juzgados de las Islas. «Es imposible que haya déficit cero de casos en los juzgados. Siempre hay asuntos que deben tramitarse», concretó Terrasa. En este sentido, el presidente del TSJB señaló que aproximadamente una cuarta parte de los asuntos judiciales necesitan una larga tramitación.
Los órganos más afectados por el aumento de la litigiosidad (205 asuntos por cada 1.000 habitantes, la quinta tasa más alta del Estado) han sido las secciones penales de la Audiencia Provincial, en las que la carga de trabajo subió un 9,6 por ciento, y los juzgados civiles de instrucción y primera instancia. En relación con el juzgado penal número 8 de Palma, encargado de las ejecutorias, presenta la situación «más preocupante» de todo el territorio, según Terrasa, debido a sus dificultades estructurales.