Miquel Romero (i) y Rafael Durán, el día que fueron conducidos desde las dependencias policiales a los juzgados. | Efe - MONTSERRAT T DIEZ - EFE - EFE

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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados emitió ayer un comunicado en el que expresa su «preocupación» por la existencia de casos en los que «sin justificación aparente» se agota el plazo máximo de detención, fijado en 72 horas. El decano, Joan Font, reconoció que la nota había surgido como consecuencia de «las diversas quejas formuladas por los colegiados».
Los abogados de Balears «cuestionan, tanto la procedencia de algunas detenciones, como especialmente, la existencia de casos en los que la estancia en los calabozos de sus defendidos ha agotado, sin justificación aparente, el plazo máximo de 72 horas hasta su puesta en libertad o su entrega a disposición judicial».
Font eludió cualquier referencia a ejemplos concretos que había motivado la queja de los abogados, pero no ocultó que «ha habido casos mediáticos que han evidenciado el problema, pero esta situación también afecta a ciudadanos anónimos». En este sentido, el decano añadió que «con demasiada frecuencia se agota el plazo de detención de manera innecesaria e injustificada».
Falta de medios
Respecto a las razones por las que en ningún caso los propios jueces no habían formulado ninguna observación en el mismo sentido, Font se limitó a indicar que «en el trabajo de los jueces no entro».
En cuanto a las posibles razones por las que considera que se está produciendo esta situación, el decano del Colegio de Abogados apuntó a que «desconozco lo motivos, a los mejor es un problema de falta de medios, pero ésta no es una cuestión que tengan que sufrir los ciudadanos. La libertad es un derecho fundamental «y sólo debe durar el tiempo estrictamente necesario». De todos modos advirtió que «doy por supuesto que no hay una intención» en esta prolongación de la detención preventiva.
Vigilancia
El comunicado del Colegio de Abogados puntualiza que «no cuestiona en absoluto aquellas detenciones practicadas con las garantías que las hacen constitucionalmente admisibles, que, por otra parte, son mayoría, si bien, y en atención a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se mantendrá vigilante respecto de aquellas otras que o bien se alejen de los supuestos de estrcita necesidad, ponderación, moderación y proporcionalidad, o bien se prolonguien más allá del tiempo estrictamente necesario».
Los abogados de Balears solicitan «la rápida modificación de cualquier acuerdo judicial o policial que determine el traslado de los detenidos a unas horas determinadas, una situación que podría encontrarse en el origen de muchas prolongaciones, sin justificación aparente, de la detención».
La queja del Colegio de Abogados no tiene precedentes en Balears, según admitió su decano, Joan Font. Los últimos casos de corrupción política han reavivado la polémica respecto al trato de los detenidos, tanto en su aspecto judicial -agotar su estancia de tres días en los calabozos- como en el mediático, la llamada 'pena de Telediario' por su exhibición pública.