Toxo y Méndez buscan apoyos en Palma para la huelga general de septiembre

Toxo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, convocada en Palma con motivo de los actos que ambas centrales están llevando a cabo en todo el país para sumar apoyos de cara a la huelga general del 29 de septiembre.

El líder de CCOO ha aseverado que es «lamentable» que el Gobierno pretenda aprobar la reforma laboral por la vía de urgencia en el mes de agosto, cuando «la mayoría» de la ciudadanía está de vacaciones y ha opinado que esta manera de proceder es un intento de «introducir elementos que desanimen a la población» para que no participe en la huelga general.

Méndez, por su parte, ha afirmado que «nadie está a salvo de la reforma laboral» y ha incidido en que «hay que parar el 29 de septiembre para que se muevan en un sentido distintos las cosas en el ámbito de la política económica, social y laboral» del Gobierno.

En este sentido, Méndez ha señalado que la reforma laboral es «una pieza de un cambio de carril de la política económica, social y laboral del Gobierno que va a provocar un retroceso en la recuperación de la economía y un aumento del paro».

Ambos líderes sindicales han coincidido en que esta reforma laboral, no va a reducir el desempleo, sino que más bien va a «consagrar» la temporalidad en los contratos, «abaratar el despido» y «debilitar la negociación colectiva».

Así, Toxo ha matizado que el proyecto «aclara en una línea muy querida por las organizaciones empresariales» las causas del despido por razones económicas», que «sólo puede servir para facilitar todavía más el despido a las empresas».

De esta manera, ha proseguido, la reforma apunta que la reducción de los beneficios puede ser aportada por los empresarios como una razón de despido. Además, ha apuntado que, en caso de que el trabajador considere que ha habido «un fraude» en la rescisión de su contrato, debe ser éste el que lo demuestre y no la empresa.

Además, Méndez ha explicado que con esta «ruptura laboral», tal y como ha apodado a la reforma, un trabajador fijo al que actualmente le corresponden 45 días pagados por año trabajado «puede ser despedido por el empresario con una indemnización de veinte días, de la que sólo pagará la empresa doce días», en función de que ésta «esgrima que se han reducido los beneficios o, incluso, que tiene problemas persistentes de liquidez».

Méndez ha agregado que esta reforma tendrá como «daño colateral» el «abandono del cambio del modelo productivo», puesto que la Ley de economía sostenible pasará a ser «prácticamente papel mojado» dado que se «vuelve a apostar por el abaratamiento del despido».

Toxo ha alertado de que, tras analizar las más de 340 enmiendas transaccionales que han presentado los diferentes grupos al proyecto de reforma laboral, que, «si se suman al sentido que tiene la reforma», se podría decir que se está «ante el riesgo del mayor retroceso de los derechos laborales de España en la historia de la democracia española». Asimismo, ha agregado que, de esta manera, «el cuadro de protección del derecho del trabajo» que quedaría configurado sería el «peor» del ámbito de «la Europa más desarrollada».

AUMENTO EDAD DE JUBILACION

Por otra parte, Toxo ha espetado que el Gobierno va a tener que «sudar la camiseta para que en este país se incremente de forma obligatoria la edad de jubilación hasta los 67 años».

Así ha contestado el dirigente sindical a las declaraciones vertidas por la ministra de Economía, Elena Salgado, en las que afirmaba, según Toxo, que los sectores más intensivos en empleo todavía no han empezado la recuperación y que, por ello, en España no se reduce sensiblemente la cifra de paro.

Toxo ha asegurado que Salado «sabe perfectamente que no sólo no se va a reducir el desempleo», sino que con el plan de ajuste del déficit del Gobierno, «no va a crecer el empleo en estos sectores más intensivos en mano de obra porque el plan del Gobierno va a reducir sensiblemente la actividad».

Así, ha añadido que la reducción de obra pública va a suponer «no menos de 100.000 empleos» y ha puntualizado que el crecimiento del paro «resultará inevitable a partir del mes de septiembre», debido a las políticas económicas.

Además, ha indicado que la ministra ha dicho que la subida de la edad de jubilación hasta los 67 años se va a llevar a cabo y que es «un compromiso». En este sentido, ha pedido a Salgado que aclare de qué compromiso habla y con quién lo ha contraído.

En esta línea, ha exigido a la ministra que diga «quién está imponiendo la línea política del Gobierno y el sentido de la reformas» que el Ejecutivo está impulsando.