El secretario del consejo de administración de la empresa pública CAIB Patrimoni, Fernando Morell, quien ha declarado como imputado ante el juez que instruye el caso Bomsai, ha afirmado que redactó los contratos de adjudicación para construir la nueva sede de la conselleria de Salut por encargo del ex director general de Tributos del Govern, Jorge Sainz de Baranda, de acuerdo a unas condiciones que le vinieron «impuestas y condicionadas», y que por tanto «no podía modificar».
Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Joan Catany, en la que ha recordado que su trabajo consistió en formalizar estos contratos de adjudicación de acuerdo con el pliego que había regido durante todo el concurso, que se encuentra bajo investigación judicial por un presunto desvío de fondos públicos desde el Ejecutivo balear a través de CAIB Patrimoni.
Tal y como ha señalado, el pliego que le fue entregado era el resultado del contrato alcanzado entre CAIB y la empresa Atlas Capital, que según las investigaciones facturó a la UTE ganadora del concurso un total de 142.848 euros en concepto de honorarios de éxito por haber asesorado a CAIB Patrimoni en materia financiera y legal en relación con las cláusulas de la adjudicación.
En concreto, en el marco de este procedimiento se indaga si se cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras posibles infracciones penales, en el marco de la adjudicación y construcción del parque de bomberos y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.
El encausado, asistido por el letrado Gabriel Lladó, ha admitido que además de cobrar como secretario de CAIB también lo hizo como asesor externo por redactar los contratos, y en este sentido ha señalado que fue cuando le encargaron realizarlos cuando leyó «por primera vez que Atlas había realizado dichos pliegos», que entre otras condiciones establecían la obligación por parte del adjudicatario -en este caso la UTE Camino de Jesús- abonar a Atlas un 1,8 por ciento del coste del proyecto (honorarios de éxito).
«No me extrañó que los pliegos estuvieran redactados por una empresa externa», se ha sincerado Morell, quien ha asegurado desconocer que estos honorarios repercutieran en las arcas de la administración, pese a que según la Fiscalía son sufragados directamente desde el Govern al ser la UTE que percibe la adjudicación la que paga estos porcentajes.
«Nunca he realizado contratos menores»
Finalmente, al ser preguntado por cuánto facturó por los contratos, ha explicado que realizó en concreto dos trabajos, uno de los cuales lo cobró con dos facturas y el otro con una. Para ello, ha relatado, elaboró un presupuesto verbal que trasladó «no recuerdo si a Sainz de Baranda» o al entonces gerente de CAIB, Jaume Vidal Ladaria, con quienes valoró por 30.000 euros el valor de cada contrato. Sin embargo, les comunicó que los podía «hacer más barato» y se estableció en 10.000 euros cada uno.
Ante la posibilidad de que fuera gratificado con estas cantidades en forma de contrato menor, ha aseverado que nunca ha realizado un contrato de este tipo y que «nunca pensé que estuviera haciendo algo mal». «No tenía conocimiento de que las tres facturas pudieran ser un contrato menor», ha incidido Morell, asegurando no recordar quién autorizó los pagos de las facturas.
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