El PP ve «motivos suficientes» para ir a los tribunales por el alquiler del edificio de Son Rossinyol

En rueda de prensa, Rodríguez ha explicado que en la comisión se ha rechazado que el Parlament sea el que remita al juzgado competente el dictamen y conclusiones elaboradas, que era la intención de los 'populares'. No obstante, «cualquier diputado tiene potestad» para acudir a los tribunales, por lo que este asunto «no se quedará por investigar en sede judicial», ha advertido.

Aclarar "sospechas"

Según ha subrayado, la comisión de investigación ha servido «para aclarar lo que sospechábamos». Así, según ha indicado, se ha demostrado que con el contrato de alquiler del edificio se realizaron actuaciones «que no obedecen a la transparencia».

«Ha habido un interés del Govern por adquirir un edificio y luego por vestir un expediente para poder obtenerlo», ha señalado el diputado, quien, además, considera que se ha probado que la Conselleria d'Economia «hurtó» al Parlament, Fiscalía, Sindicatura de Cuentas y a la propia comisión de investigación de «documentos imprescindibles».

El 'popular' ha detallado las conclusiones que han sido aprobadas. En concreto, de su partido se ha dado el visto bueno a tres, dos de las cuales han contado con el voto favorable de los parlamentarios del Grupo Mixto y ex diputados de UM, y una ha contado con la abstención de estos tres parlamentarios.

Condena al procedimiento seguido por el Govern

Mediante éstas, el Parlament constata que el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el polígono de Son Rossinyol pone de manifiesto una serie de «irregularidades» como la ausencia de garantía de financiación de la operación, defectos en el anuncio publicado en prenso o falta de justificación de las modificaciones del contrato.

Además, la Cámara «condena el procedimiento seguido» por el Govern al representar un «ataque a los principios de transparencia, igualdad y concurrencia», suponer la utilización «fraudulenta» de los recursos públicos para favorecer los intereses privados, falsificar documentos públicos, remitir un expediente incompleto y haber dado una «información privilegiada», ha explicado Rodríguez.

Gracias a una conclusión del PP, el Parlament recomienda llevar a cabo las reformas legales necesarias para evitar que hechos similares se vuelvan a producir en la comunidad.

Investigación sobre casos de corrupción

Por otra parte, se han aprobado por unanimidad las dos enmiendas presentadas por el Bloc. Mediante una de ellas, el Parlament ha constatado la conveniencia de abrir una investigación en profundidad sobre los casos de presunta corrupción que trasciendan a la luz pública y, a partir de éstos, sobre las «malas prácticas» en la administración autonómica con el objetivo de depurar las responsabilidades oportunas y recuperar el supuesto dinero malversado.

Mediante la otra propuesta de la coalición de Biel Barceló aprobada, la Cámara asume los resultados de la fiscalización del informe de la Sindicatura de Cuentas, tanto en cuanto a la constatación de que el contrato del edificio «cumple las condiciones mínimas indispensables para considerarlo adecuado a la normativa vigente», como las críticas y recomendaciones que recoge.

En este sentido, se ha dado el visto bueno también a una conclusión del PSIB que refleja la necesidad de que las deficiencias expuestas por la Sindicatura sirvan para mejorar en un futuro las contrataciones que se realicen.

Rodríguez ha detallado las diferentes irregularidades que, según su grupo, cometió el Govern como el hecho de haber encargado «a una constructora sin contrato obras» por importe de 1,5 millones de euros, «que fue realizado saltándose procedimientos» o, haber adquirido bienes «sin ningún procedimiento», ha concretado entre otras.

Finalmente, Rodríguez ha indicado que todavía confía en que algunas de las conclusiones de su partido que no han sido aprobadas en la comisión, sí que cuenten con los apoyos necesarios cuando sean llevadas a pleno.