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El Govern ha prometido hoy a hacer pública la relación detallada y el sueldo de los cargos de confianza de la administración autonómica y la declaración de actividades de todos sus altos responsables antes de las elecciones del 22 de mayo, un «compromiso de transparencia» que no tiene carácter impositivo.

Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, que ha negado que esta apertura de los datos de la administración pública tenga relación con la proximidad de los comicios y ha confiado en que los próximos gobiernos mantengan esta política aunque ninguna norma les obligue a ello.

Además de difundir los datos sobre los altos cargos y asesores, antes de dos meses tendrá que crearse «un mecanismo seguro (...) para denunciar las posibles conductas fraudulentas, corruptas o poco éticas cometidas por los mismos cargos o el personal de la Comunidad», según el acuerdo adoptado hoy en Consell de Govern.

El Govern también promete publicar la relación de los puestos de trabajo de la Comunidad, los planes estratégicos y su cumplimiento, un código de buen gobierno, la ejecución trimestral de los presupuestos, los datos de déficit o superávit de las cuentas públicas y los ingresos fiscales y el endeudamiento por habitante.

El acuerdo, que según Barceló acentúa un proceso de apertura informativa llevado a cabo durante toda la legislatura, contempla también la publicación de las actas de las mesas de contratación, las resoluciones de licitaciones y los aspirantes a obtenerlas y los convenios urbanísticos.

Todos estos datos, que se complementan con la puesta en servicio de herramientas para la tramitación telemática de procesos administrativos exigidos a los ciudadanos y empresas, serán actualizados cada tres meses, como mínimo.

La portavoz del Ejecutivo ha esgrimido esta «voluntad política» de acrecentar la transparencia de la gestión autonómica en respuesta a las preguntas sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la actuación del Govern en 2009, en el que censura el fraccionamiento de los contratos y el «uso excesivo» de los expedientes de modificación de los contratos.

Por otro lado, el Consell de Govern ha dado hoy su visto bueno a la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Sóller para la rehabilitación del teatro La Defensora, un edificio de finales del siglo XIX al que se quiere devolver su uso como sala de espectáculos.

La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas redactará el proyecto de ejecución de la obra, que se prevé que sea financiada por el Ministerio de Fomento mediante el programa del 1 por ciento cultural por un coste de unos 2,6 millones de euros.