María José Rodríguez y otros miembros de UM, frente a la antigua sede. | Jaume Morey

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Unió Mallorquina (UM) ha presentado hoy un escrito pidiendo la nulidad del auto del juez del «caso Picnic» que dictaba una fianza civil de 1,6 millones contra la formación política ahora disuelta, basando su petición en que no se le dio plazo para presentar alegaciones a esta medida cautelar.

Según han informado hoy a Efe fuentes jurídicas, la formación ha presentado esta mañana un escrito en el que pide que se anule el auto y todas las actuaciones posteriores, así como que se retrotraiga el procedimiento al momento en que la Fiscalía Anticorrupción solicitó la fianza civil.

El juez fijó luego la fianza para que el partido pueda hacer frente a las posibles responsabilidades civiles por este caso de supuesta corrupción, en el que se investiga bajo secreto de sumario una posible trama que contrataba desde organismos del Ayuntamiento de Palma controlados por UM a personas que realmente habrían trabajado para el partido.

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Después de que la Fiscalía pidiera la fianza, el juez dictó una providencia en la que daba quince días a las partes para alegar lo que estimasen oportuno, pero esta providencia no se notificó a la formación, defendida por el abogado Miquel Albertí.

Por ello, el partido argumenta su petición de nulidad en la indefensión que ello produjo y pide que se le otorgue de nuevo un plazo para presentar alegaciones sobre el fondo del asunto.

La fianza pedida en este caso responde a los 1,2 millones -más el tercio legal de esta cantidad- que la Fiscalía estima costó la oficina municipal controlada por UM que contrató a alrededor de una veintena de informadores medioambientales, los cuales, supuestamente, trabajaron en realidad para el partido captando votantes.

La Fiscalía considera que puede reclamar esta fianza a UM porque parte del partido, en concreto la cúpula del comité local de Palma, conocía de los hechos presuntamente delictivos.