En sus escritos, presentados después de que la Fiscalía reclamase 21 años de prisión para Cardona y otros 20 para Viaene por presuntamente aprovecharse de sus cargos para idear y ejecutar actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos, entre ellas la creación de empresas que habrían pasado a controlar mediante testaferros para otorgarles contratos, los letrados de ambos acusados niegan estas acusaciones y defienden que sus patrocinados no cometieron conducta ilícita alguna en este sentido, según han informado fuentes jurídicas.
De hecho, en el marco de este proceso el ex conseller, defendido por el abogado José Zaforteza, ya había asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos trabajos y se había desvinculado por tanto del presunto desvío, al defender que confiaba plenamente en sus servicios técnicos y jurídicos. Por su parte, también Viaene, asistido por Gaspar Oliver, negó en su día haber participado en estas supuestas irregularidades.
En concreto, la Fiscalía dirige su escrito contra un total de 18 inculpados -para quienes solicita un total de 115 años y medio de prisión- que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama presuntamente liderada por Cardona, Viaene y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, quien por su parte se prestó a colaborar de forma activa en las pesquisas a fin de esclarecer los hechos investigados. Según la acusación pública, todos ellos habrían incurrido en presuntos delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho.
En un escrito de calificación de más de 400 páginas, el Ministerio Público asevera que «absolutamente» todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del ex conseller y otros acusados que se habrían visto beneficiados de esta presunta trama.
Es más, afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza «fundamental» del «engranaje» ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen «en un acto ilegal y arbitrario» efectuado al margen de la Ley.
La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento del que gozaba Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaban los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular. Posteriormente, el caso volvió a manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, quien abrió juicio oral contra los 18 acusados.
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Seria bien pelotudo un ABOGADO DEFENSOR dijera que sus chorizos son inocentes CARDONA devuelve lo CHORIZADO.