La Conselleria de Turismo y Deportes ha aprobado hoy la mejora de las condiciones de pago para aquellos empresarios que quieran legalizar las plazas turísticas de Baleares que no tengan tal condición, con el único objetivo de que se regularice el máximo número posible.
En concreto, el Govern amplía en dos años, de febrero de 2012 a febrero de 2014, el pago fraccionado de hasta en cuatro plazos que cuesta legalizar esas plazas y elimina la exigencia que había hasta ahora de disponer de un aval del 125 % de su valor.
El director general de Turismo, Jaime Martínez, ha dado cuenta de estas medidas tras el encuentro que ha mantenido esta mañana en la sede de la Conselleria la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos de Baleares presidida por el conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado.
Desde el año 2009 se han legalizado un total de 813 plazas turísticas en Baleares, pero la intención del Ejecutivo es que se regularicen muchas más, ha señalado Martínez, que ha recordado que el plazo para solicitar la legalización de plazas concluye en junio de 2012, aunque se puedan pagar hasta febrero de 2014.
El director general ha comentado que las condiciones aprobadas por la anterior Administración autonómica no fueron las adecuadas y suficientes para impulsar la legalización de plazas, sobre todo a raíz de la crisis económica de los últimos años.
En este sentido, Martínez ha recordado que desde 2009 solo se han legalizado el 50 % de las solicitudes presentadas inicialmente. Por ello, las medidas puestas en marcha tienen como objetivo «mover al máximo» este proceso.
El Govern no se ha planteado variar el plazo para solicitar la legalización de plazas que finalizada a mitad del año próximo, aunque ahora los hoteleros dispondrán de nuevas facilidades de pago.
Entre otros motivos, no se ampliará el tiempo para pedir la legalización de plazas porque «no se puede estar siempre posponiendo este problema», ha dicho el director general, que ha añadido que aún quedan siete meses para que los empresarios puedan acogerse a esta posibilidad.
En la actualidad se desconoce el número de plazas irregulares que hay en las islas y que corresponden, por ejemplo, a antiguas habitaciones de personal de hotel que ahora son explotadas u otros espacios que también son empleados para alojar turistas y que inicialmente no estaba previsto que tuvieran esta finalidad.
Las medidas conocidas hoy se encuadran dentro de la filosofía de la nueva Administración autonómica de simplificar al máximo los trámites administrativos y dar seguridad jurídica a los empresarios en sus iniciativas.
Martínez ha destacado el consenso que ha existiendo en la reunión de la junta rectora, donde se han ratificado los tres proyectos a los que se destinarán los 3 millones de euros que la Administración ha percibido hasta ahora por el coste que supone para los empresarios la regularización de plazas.
Se trata de renovar diferentes zonas de Mallorca como Cala Millor, Playa de Muro o Sóller. En este último caso, el objetivo es la compra y derribo del histórico y obsoleto hotel Rocamar.
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