El consejo rector del Institut Municipal de Protecció al Consumidor se reunirá hoy y aprobará su disolución para evitar duplicidades con el Servei de Consum del Ajuntament de Palma, que comprende la Oficina Municipal de Información al Consumidor y la Inspección de Consumo.
Los estatutos del Institut Municipal de Protecció al Consumidor establecen que sus objetivos son «definir, planificar, impulsar y ejecutar las políticas de Cort en materia de defensa y protección del consumidor»; funciones que ya realiza el Servei de Consum de la regiduría de Salut i Consum.
Esta medida supondrá un ahorro de 250.000 euros anuales; mientras que la partida presupuestaria del Servei de Consum es de 68.000 euros. El remanente de tesorería del citado instituto se transferirá a la tesorería del Consistorio palmesano.
En lo que se refiere al personal que trabaja en el Servicio de Consumo -exactamente se trata de un técnico superior y un administrativo-, se integrará en la plantilla del Ajuntament, manteniendo los derechos laborales adquiridos.
Consumidores
Fuentes municipales destacaron que la disolución del Institut Municipal de Protecció al Consumidor no supone una rotura del diálogo con los consumidores. Así, el Servei de Consum prevé un órgano único entre consumidores, empresarios y la administración como vehículo para aportar propuestas y resolver problemas. En lo referente a su composición y régimen de funcionamiento, las mismas fuentes adelantaron que se regulará en el reglamento de organización del Servei de Consum.
Esta previsto que la regidora de Salut i Consum y presidenta del consejo rector del Institut Municipal de Protecció al Consumidor, Rosa Llobera, ofrezca hoy más explicaciones sobre la citada disolución.
Como se recordará, el Institut Municipal de Protecció al Consumidor fue creado durante la pasada legislatura, exactamente en el año 2009, por la entonces teniente de alcaldesa de Relacions Institucionals, Turisme , Comerç i Consum, Joana Maria Borràs.
1 comentario
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Ce Servei, creat per la propassada legislatura, havia creat diverses polèmiques, sense parlar qu es tractava d'una duplicitat flagrant amb el Govern. S'havia de fer, tot protegin els consumidors, emperò en els límits de les competències municipals. En un entorn de crisi, l'Ajuntament deu donar prioritat a la financiació de les competències.